REFORMA A CÓDIGO PENAL: PODRÁN PROCESAR A IMPUTADOS “REBELDES”
DESDE 1998, SEGÚN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE CONTABILIZAN 81,000 “PRÓFUGOS” QUE SERÍAN PROCESADOS EN AUSENCIA. REFORMA INCLUYE A EXPRESIDENTES MAURICIO FUNES Y SÁNCHEZ CERÉN, SEGÚN OFICIALISMO. Art . 2 1 La Constitución de la República esta
Una reforma al Código Procesal Penal aprobada esta semana permitirá al sistema judicial procesar a unos 81,000 prófugos de la justicia declarados en rebeldía, incluyendo a los expresidentes salvadoreños Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, según reconoció el oficialismo.
La reforma, presentada por diputados de Nuevas Ideas y criticada por la oposición, contiene al menos 23 modificaciones a artículos del Código Procesal Penal, que buscan especificar el proceso de declaratoria de rebeldía, e impone sanciones a los abogados defensores que renuncien a un procedimiento judicial sin causa justificada.
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2013 y septiembre de 2022, se ha declarado como prófugos de la justicia a unas 31,652 personas. Según indicó el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, la cifra sube a más de 81,000 al contar a prófugos desde 1998.
Todos estos procesos judiciales, indicó, están detenidos por no haber podido enfrentar vistas públicas, debido a que la ley exige la presencia del imputado para continuar con la causa.
Francisco Amaya, diputado de Nuevas Ideas y presidente de la Comisión de Seguridad, incluso aseguró que se trata de 98,000 personas las que han sido declaradas como rebeldes, y que “tienen procesos pendientes, lo que implica un costo al Estado” que supera los $4 millones.
LAS REFORMAS
Con una modificación al artículo 34, el oficialismo elimina la prescripción de los delitos cuando el proceso se encuentra inactivo por la declaratoria de rebeldía del imputado.
En el artículo 81, además, elimina el derecho del imputado a intervenir personalmente en el proceso, y delega esto al defensor en todos los actos procesales y
audiencias. Por ende, ninguno de los procesos se suspenderá por la falta de la presencia del imputado.
La reforma también modifica el artículo 104, para agregar una infracción a los abogados defensores que renuncien al proceso de un imputado declarado como rebelde, a partir de la audiencia preliminar y sin causa justificada. Los jueces deberán informar a la sección de investiga
“Son más de 98,000 personas prófugas desde 1998 que podrán ser procesadas con esta reforma. Tienen un costo para el Estado”.
Francisco Amaya,
DIPUTADO DE NUEVAS IDEAS.
“Cualquier crítica a esta reforma viene de ARENA, FMLN y sus aliados, porque son ellos los que tienen funcionarios prófugos”.
Numan Salgado, DIPUTADO DE GANA.
“La retórica del oficialismo dice que es para los corruptos y delincuentes, pero en realidad se está violando el derecho a la legítima defensa”.
Marleni Funes, DIPUTADA DEL FMLN.
“El Estado está tratando de hacer la tarea más fácil para las instituciones, y esto es en detrimento de la gente inocente”.
Claudia Ortiz, DIPUTADA DE VAMOS. CONSTITUCIÓN REPÚBLICA ESTABLECE LÍMITES A LA RETROACTIVIDAD
ción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se suspenda al abogado.
Diputados de oposición, sin embargo, advierten que en lugar de buscar un combate a la impunidad, las reformas podrían tener motivaciones políticas y, además, contienen vicios de inconstitucionalidad.
“Estas reformas buscan aparentar hacer justicia con finalidades políticas más allá de enderezar un sistema judicial históricamente corrupto y deficiente”, afirmó el diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol.
El oficialismo y sus aliados reconocieron que la reforma está orientada a perseguir a exfuncionarios. Walter Coto, diputado de Nuevas Ideas, señaló que se incluirá a expresidentes que deberían estar presos por corrupción. El diputado de GANA, Numan Salgado, aseguró que las críticas a esta reforma son “de los que tienen funcionarios de sus gobiernos que andan huyendo fuera del país”.
El jefe de fracción de ARENA, René
“Con estas reformas, los jueces pondrían en libertad a miles de capturados del régimen que no tuvieron acceso a defensa”.
René Portillo Cuadra,
JEFE DE FRACCIÓN DE ARENA. “Estas reformas buscan aparentar hacer justicia con finalidades políticas, más allá de enderezar el sistema judicial”.
John Wright Sol, DIPUTADO NUESTRO TIEMPO.
98,000
DE LA JUSTICIA DESDE 1998 PODRÍAN SER PROCESADOS CON ESTA REFORMA, SEGÚN DIPUTADOS DE NUEVAS IDEAS. FGR HABLÓ DE 81,000.
$4 MILLONES
ES EL COSTO DE LA MORA JUDICIAL EN LOS PROCESOS DETENIDOS POR LA AUSENCIA DE LOS IMPUTADOS, SEGÚN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Portillo Cuadra, señaló además que las reformas penales no pueden ser retroactivas, pues esto vulnera la Constitución de la República.
La diputada del FMLN, Marleni Funes, agregó que el oficialismo dice que quieren acabar con la mora judicial, pero “bajo esa excusa están violando el derecho a la legítima defensa”.