LAS INTERPRETACIONES
Unos dicen una cosa, otros otra y muchos que deben hablar y aclarar callan. Al final la población queda confundida, la sociedad fracturada, la cohesión social debilitada y sometida a los intereses de los que tienen la capacidad para que sus abogados hagan las interpretaciones que les sirvan para hacer valer sus intereses particulares sobre el interés general. La confusión que provocan unos y otros con sus argumentos genera desconfianza en las instituciones, el sistema judicial, y las autoridades en general. Se debilita el Estado de derecho que debe ser uno de los pilares más fuertes para generar la seguridad jurídica que es indispensable para nuestro desarrollo. Fue la razón por la que San Óscar Romero decía en una de sus homilías que la justicia en nuestros países es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos.
Vuelve a estar en la agenda nacional el tema de la reelección presidencial. También es un tema que se ha vuelto recurrente en América Latina desde finales de la década de los noventa del siglo pasado. Muchos gobernantes han pretendido, y en muchos casos logrado, que la Ley les permita extender sus mandatos más allá de lo que estaba presente en el espíritu de los legisladores.
En nuestro país creíamos que nuestra Constitución tenía los suficientes candados que impedían la posibilidad de una reelección. La Sala del periodo 2009-18 ratificó la validez de esas disposiciones, pero la Sala que impuso el régimen gobernante el 1 de mayo de 2021, tres meses después lo interpretó de manera diferente. Avaló la posibilidad de la reelección. Dos interpretaciones completamente diferentes dadas por la misma instancia judicial y sin necesidad que se hicieran porque son disposiciones tan claras que hasta el más sencillo de los salvadoreños puede entenderlas. ¿A quién le podemos creer que tiene la razón? Ese es el debate que estamos presenciando. Debemos esperar que la academia y los colegios profesionales del
Derecho investiguen y estudien los argumentos que originaron las disposiciones constitucionales de 1983, lo expliquen a los ciudadanos, lo entiendan las autoridades y la comunidad internacional que ha observado y apoyado nuestro proceso.
Las opiniones independientes que han dado conocedores del Derecho constitucional y estudiosos de la Constitución de
1983 han explicado que el espíritu de las disposiciones fue asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la
República. Estábamos empezando a sentar las bases para la implementación de un régimen democrático después de un periodo de casi 50 años de regímenes autoritarios, y era lógico que se considerara necesario establecer disposiciones que blindaran la posibilidad de regresar a un pasado que habíamos decidido superar. Durante 35 años lo logramos. Desde 1984 hasta 2019 tuvimos alternabilidad. Sin ninguna clase de sobresaltos se traspasó el poder a 8 gobernantes distintos y de 4 partidos diferentes. Se había logrado el objetivo. Con muchas dificultades, resistencias y tropiezos avanzábamos en la implementación de uno de los mejores diseños institucionales en América Latina. Es un proceso que debemos continuar porque es el sistema que nos asegura la estabilidad y seguridad que necesitamos para progresar. Bajo el sistema democrático los países a lo largo del tiempo han logrado mayores niveles de progreso y bienestar porque el sistema democrático es el que promueve la competencia entre los actores políticos para ofrecer e implementar las mejores soluciones a los problemas que aquejan a la población. Si los gobernantes no cumplen, en un periodo de cuatro o cinco años se cambian.
Se ha argumentado que varios de los países desarrollados del mundo que tienen regímenes presidenciales permiten la reelección. Es un argumento válido, pero lo que se tiene que explicar es que se hace porque la Ley lo permite. Cambiar la Ley es el camino que debemos tomar si la mayoría de salvadoreños consideramos que un periodo presidencial es muy corto. Se tiene que respetar la Ley. Recurrir a interpretaciones muy cuestionables le resta legitimidad a una medida tan importante para el país.
Dos interpretaciones completamente diferentes dadas por la misma instancia judicial y sin necesidad que se hicieran porque son disposiciones tan claras que hasta el más sencillo de los salvadoreños puede entenderlas.