WOLA: “RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN FACILITA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN”
Señala que la medida ha generado bloqueos de información, abuso en las declaratorias de reserva e incumplimiento a leyes de control.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un pronunciamiento sobre los primeros cinco meses del régimen de excepción en El Salvador y señaló que la medida ha dejado estar enfocada en la seguridad pública y se convirtió en una medida electoral y de posible corrupción.
“El régimen de excepción ha permitido evadir procedimientos y filtros legales para el manejo de fondos públicos y ejecución presupuestaria. Debido a la falta de acceso a la información no existe certeza sobre el procedimiento para la adquisición de bienes o servicios en materia de seguridad, facilitando actos de corrupción como malversación de fondos”, señala.
WOLA, un centro de estudios que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, sostiene que la medida que implementa el gobierno de El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, con el objetivo de frenar el repunte de la violencia homicida originada por las pandillas, ya cambió su esencia.
“Se ha utilizado el populismo punitivo con fines clientelares-electorales generalizando un discurso que defiende la creación de nuevos delitos, el aumento de penas y el uso de la cárcel como las medidas más apropiadas para resolver el problema de la criminalidad”, expone WOLA.
Sobre la posibilidad de actos de corrupción, la organización señala que “el régimen de excepción ha exacerbado la anulación —de facto— que inició el gobierno de Bukele sobre el derecho al acceso a la información pública”.
Destaca que el régimen ha provocado falta de acceso a información confiable, corrupción bajo “compras exprés” y violaciones a derechos humanos de manera sistemática. Y añade que también ha generado un escenario favorable para la corrupción debido a los bloqueos de información, el abuso en el uso de la reserva, la falta de independencia de los órganos de control y la falta de cumplimiento a leyes como la LAIP y la LACAP.
“En un país con recursos limitados y grandes necesidades, cada dólar mal invertido o desviado para fines personales es una vulneración a los derechos de los miles de ciudadanos que necesitan del Estado”, expone WOL en su pronunciamiento.