LA IRA La aparente calma –apatía incluso– frente a las decisiones del ahora no son sinónimo de la paz del mañana.
Confiado en sus altas cuotas de popularidad y apoyándose en una campaña llena de mentiras y medias verdades, el gobierno aprobó finalmente una reforma de pensiones –vieja promesa de campaña del bukelismo– que lejos de representar un beneficio sostenible para el conjunto de la población corre el riesgo de empeorar las condiciones para los pensionados futuros.
Si hay acaso beneficiados directos con la nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa esas son las AFP, cuyos negocios continuarán, a pesar de que en su campaña el ahora presidente de la República habló incluso de desmontar el sistema actual, y el gobierno que, a pesar de lo proclamado por la propaganda, continuará echando mano de los dineros de los cotizantes para financiar sus obligaciones fiscales, incluso de manera más extensiva de lo que lo hicieron las anteriores administraciones.
A cambio de esas ventajas, el gobierno ha prometido, sin estudios técnicos que respalden su viabilidad y sin ampliar la cobertura del sistema previsional, un aumento generalizado de 30 % en las pensiones por vejez que, aparte de ser una medida regresiva, puesto que asigna igual aumento aun a las pensiones más altas, los economistas se han apresurado a subrayar que es insostenible en el tiempo.
El gobierno abona así a la conflictividad y a la rabia social que tarde o temprano habrá de explotar en las calles porque, como se sabe, estas no responden a la lógica de la inmediatez, sino a procesos de creciente malestar que se gestan en el tiempo a fuego lento. La aparente calma –apatía incluso– frente a las decisiones del ahora no son sinónimo de la paz del mañana. De pronto otra decisión, un paso en falso, sobre todo cuando las finanzas públicas estén aún más comprometidas que ahora y obliguen a medidas drásticas e impopulares, puede prender la mecha de un estallido social que llegue sin mayor preámbulo.
Así sucedió, por ejemplo, en Nicaragua en 2018, cuando las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que incluían, entre otras cosas, aumentos a las cuotas patronales y laborales y un impuesto a las pensiones de las personas ya jubiladas, colmaron el vaso de numerosos agravios políticos anteriores. Por eso la protesta inicial referente a la seguridad social se extendió luego a otros reclamos que solo habían quedado temporalmente desactivados.
Ante la vehemencia de la protesta y la posibilidad de una escalada de las acciones frente a exigencias que no encontraban respuesta, el régimen de Ortega decidió desatar una brutal represión que se saldó con más de
350 muertes, un cierre aún más radical de los ya de por sí exiguos espacios para el disenso político y una feroz persecución de opositores que continúa hasta el día de hoy.
Decía la filósofa alemana Hannah Arendt en su obra “Crisis de la República” que la indignación y la ira popular no se dan en el vacío ni por capricho, sino como respuestas concretas ante situaciones en las que se perciben profundas injusticias. “La rabia no es en absoluto una reacción automática ante la miseria y el sufrimiento como tales; nadie reacciona con rabia ante una enfermedad incurable, un terremoto o condiciones sociales que parecen inmodificables. La rabia solo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican”.
Pensar que los efectos futuros de la reforma previsional, sumados al retiro de fondos para las alcaldías, que han derivado en prácticamente la quiebra de muchas municipalidades; el despido arbitrario de personal; la sistemática violación de los derechos humanos en el marco del interminable régimen de excepción; la opacidad en el manejo de la cosa pública y los señalamientos por posibles actos de corrupción cometidos por varios funcionarios puede conducir a la larga a algo que no sea una mayor efervescencia social sería demasiado ingenuo.
El gobierno sin duda lo sabe. No en vano ha apuntalado su relación con un aliado con armas al que le ha aumentado de forma considerable su presupuesto en los últimos años y al que convenientemente dejó fuera de la reforma de pensiones, sobre todo de aquellos ángulos más espinosos de la misma, como el que establece un techo de $3,000 a las denominadas “pensiones VIP”. Así, cuando el apoyo popular se agote y la ira amenace con desbordarse, podrá reemplazarlo por el apoyo castrense.