UN MES DEL CERCO MILITAR EN LA CAMPANERA
Los habitantes de este populoso reparto dicen que desde que los pandilleros se fueron pueden caminar tranquilos por la calle, sin embargo, muchos sectores critican la medida y la tachan de propaganda.
Sandra tardó más de tres años en volver a su hogar en el reparto La Campanera, en Soyapango. Ella y su familia salieron huyendo después de que pandilleros del Barrio 18 los amenazaran. Por miedo a ser asesinados junto con su esposo y sus hijos dejó atrás la vida que había construido allí para irse hacia otro país. Fueron deportados y ni así pudo regresar a la que era su casa. Pasó un tiempo más y en 2019 se sintió segura de volver a vivir en esta zona. Ahora con documentos del Fondo Social para la Vivienda (FSV ), que le cuida a uno de sus familiares bajo su brazo, dice con timidez que las cosas han cambiado.
Hace cinco años, hablar de La Campanera era sinónimo de hablar del Barrio 18, del control que las pandillas ejercían en los territorios, del documental “La vida loca” y decir que uno se dirigía a ese lugar sin vivir ahí iba acompañado de una mueca de preocupación genuina. Pero desde hace unos tres años, los habitantes de este reparto populoso dicen que comenzaron a sentirse un poco más libres sin saber exactamente la razón que hubo detrás. Ellos solo recuerdan que las reglas estrictas que la pandilla había impuesto amainaron un poco.
El Gobierno atribuyó la disminución de homicidios y de violencia pandilleril a su estrategia secreta que bautizó Plan Control Territorial; sin embargo, reportes periodísticos han revelado desde 2020 la existencia de un pacto entre la administración de Nayib Bukele y las tres principales pandillas: la Mara Salvatrucha y las facciones Revolucionarios y Sureños del Barrio 18.
El otro gran cambio que sintieron los habitantes vino luego del 27 de marzo del año pasado, cuando entró en vigencia el régimen de excepción que se convirtió en cotidianidad y que hasta este día continúa limitando derechos constitucionales de todos los salvadoreños. Sandra, que excluyendo los años que estuvo huyendo, tiene 15 años de vivir aquí y habla con propiedad del cambio que ha visto en las estrategias de seguridad de la que cada Presidencia ha echado mano. Lejos de afirmar que el Estado está presente en La Campanera, ella subraya que son “los bichos”, como aún llama a los pandilleros, los que se han ido de aquí.
“En la zona mi hermano y mis familiares no podían entrar. Los agarraban, los metían a los pasajes y era bien complicado. Bien conflictivo todo”, recuerda Sandra sin levantar mucho la voz. A pesar de que ella misma reconoce que todo está más seguro, resumió y escondió en esas 22 palabras más de una década de coexistencia con la pandilla.
Otros vecinos dejan escapar un poco más de información de esa época cuando escarban en sus recuerdos. Todos coinciden en que los pandilleros paseaban a sus anchas por la amplia calle principal que atraviesa todo el reparto y se metían en cada uno de los pasajes peatonales angostos en los que se desprenden las aceras.
También aseguran que además de no permitir la entrada de cualquier persona, limitaban la circulación peatonal incluso en el mismo reparto, y era cotidiano que los pandilleros les exigieran a los habitantes una colaboración cuando los veían.
Aquí no hay una persona que no haya sido víctima del control que Barrio 18 ejercía en el lugar.
Sandra recuenta sin muchos detalles un episodio en concreto. Hace unos cuatro o cinco años, un grupo de pandilleros de la colonia Las Margaritas, siempre dentro de Soyapango, agarraron a su hermana y la lesionaron. En Las Margaritas dominaba la Mara Salvatrucha, otra pandilla que es rival del Barrio 18, y hasta hace unos años traspasar las fronteras que dividían los territorios controlados por estos grupos delictivos podía significar la muerte.
“No puedo decir otra cosa, solo que gracias a Dios ella se libró de eso porque pudo perder la vida. En ese tiempo me tocó ir a recogerla al hospital. Fue una historia bien fea. Hasta el día de ahora ella recuerda todo eso y como que quedó un poco traumada”, Sandra baja la mirada y concluye con su recuerdo. De la huida que la alejó de su hogar prefiere no hablar. Aunque no hay pandilleros cerca, prefiere solo acotar que toda su familia pudo ser asesinada. “Si no dábamos cierta cantidad de dinero, ellos decían que podían tirar línea para la colonia donde estábamos y podía
“En la zona mi hermano y mis familiares no podían entrar. Los agarraban, los metían a los pasajes y era bien complicado. Bien conflictivo todo”.
Sandra Rivera, HABITANTE DE SOYAPANGO “No podemos dejar ingresar a la prensa. Ahí tiene que consultar con Casa Presidencial”.
Encargado de cerco militar , EN COMUNIDAD TUTUNICHAPA
sacar a mis niños, a mi esposo y a mí, obviamente no para algo bueno”, dice.
El regreso de Sandra y su familia coincidió con la presidencia Bukele. Aun así la convivencia con la pandilla la mantenía alerta. No se sentía del todo segura hasta que comenzaron a capturar a todos los pandilleros. Soyapango es uno de los municipios que el Gobierno priorizó con sus cercos militares. Desde el 3 de diciembre, 8,500 soldados y 1,500 policías patrullan por las colonias que por décadas pasaron controladas por las pandillas.
El cerco de también agravó los abusos del régimen en el municipio. Habitantes de Soyapango han denunciado capturas arbitrarias, como la de Mauricio Morán, un profesor de arte y ajedrez en un colegio de San Jacinto al que el Gobierno acusa de ser pandillero a pesar de no tener antecedentes penales vigentes. También llevó la incertidumbre que genera a las familias no tener información de dónde están recluidos sus parientes capturados y esperan a las afueras de delegación de la Policía Nacional Civil de Soyapango e Ilopango que les den información.
Este sábado 7 de enero la presencia policial y militar es más notoria en este punto. En la mañana, la ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro, presidió una “Feria de créditos para viviendas recuperadas”. En esta zona, hay decenas de casas abandonadas que están reducidas hasta lo mínimo: un pequeño laberinto de paredes manchadas, monte, suciedad y la clara falta de techo, energía eléctrica y agua. Hay otras casas que están habitadas y sus habitantes tendrán que pagar por ponerlas a sus nombres.
Walter Castillo es uno de los que espera legalizar su vivienda con ayuda de créditos que el Gobierno está dando. Él está convencido de que el régimen de excepción fue la mejor estrategia que el Gobierno pudo usar y agradece que su hijo de cuatro años no crecerá viendo pandilleros en la calle.
La mayoría coincide en que la principal motivación es la seguridad. La propaganda que ha acompañado al régimen también lo ha arropado de apoyo popular, pero no todas las personas lo ven totalmente bueno.
El régimen también ha traído consigo miles de denuncias de capturas arbitrarias durante la medida.
Hasta el 4 de enero, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública había reconocido que 3,313 personas fueron capturadas por error y fueron liberadas.
Además de que organizaciones defensoras de los derechos humanos y la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos han recibido más de 4,000 denuncias por diferentes abusos, principalmente la detención arbitraria.
Y las autoridades de Seguridad Pública también han reconocido que durante la vigencia del régimen de excepción hay más de 90 detenidos que han fallecido en las cárceles.
Los cercos no han sido exclusivos de Soyapango. En el último mes también fueron intervenidas las comunidades Tutunichapa y La Granjita, de San Salvador. Sin embargo, los policías negaron el acceso de la prensa. “Ahí tiene que consultar con Casa Presidencial”, dijo el encargado del cerco en la Tutunichapa.