Aumento del 30% a las pensiones requerirá $231.7 millones por año
El costo lo confirmó el presidente del Instituto Salvadoreño de Pensiones. El analista Rafael Lemus advirtió que ese costo irá incrementando y se sumarán las personas que se retiren cada año.
El aumento del 30 % a las pensiones por vejez que se aprobó a finales del año pasado requerirá un desembolso anual de $231.7 millones, según afirmó el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), una entidad que también fue creada con la reforma recién votada por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con Marlon Vásquez, presidente del ISP, el viernes pasado comenzó a aplicarse el incremento a las pensiones por vejez y el ajuste a las pensiones mínimas, iniciando con 48,251 pensionados.
Esta cifra representa un 26 % de la cartera total de pensiones, el resto pertenecen a la Unidad de Pensiones del ISSS (UPISSS) y las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), apuntó el funcionario.
Solo el incremento de las pensiones por vejez hasta $400 implicará una erogación anual de $70.9 millones, incluyendo 12 cuotas más un aguinaldo. Por otra parte, 52,363 pensiones han sido ajustadas para llegar a una pensión mínima de $304.17.
“Esto implicará un desembolso de $231 millones más al año para poder equiparar todas las pensiones a la nueva estructura de las mejoras”, remarcó Vásquez. “Todas las pensiones han tenido un incremento”, agregó.
Tras la publicación de estas cifras, el economista Rafael Lemus recordó que este costo irá incrementado debido a que cada año se jubilan entre 4,000 y 5,000 personas.
“Ese cálculo está bien para el año 2023, pero los siguientes años habrá que irle sumando el aumento del 30 % para los nuevos casos de vejez, se va acumulando como una grada, porque su fondo de ahorro no le permite financiar ese 30 %, ese es un subsidio. No lo están financiando con el ahorro si no sobre la base del ahorro”, señaló Lemus.
El analista indicó que si esos $231 millones de aumento se proyectan a 30 años representarían $6,951 millones, es decir “casi $7,000 millones a valores corrientes del 2023” debido a que se está incrementando el gasto hasta que las personas o sus beneficiarios fallezcan.
“El gasto de un año pareciera poca cosa, pero un año representa más o menos 0.8 % del PIB (Producto Interno Bruto).
El gasto extra solo por haber hecho este beneficio, y que no lo está haciendo el Gobierno sino que se le está pasando a los mismos trabajadores es de un 0.8 % del PIB”, estimó el economista.
Sobre este último planteamiento, Lemus recordó que tras la reforma, son seis puntos de las cotizaciones (6 %) los que pasaran a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) “se están pagando de entrada estos gastos; el gobierno reparte sin poner nada, es una distribución de subsidios entre los mismos trabajadores”, advierte.
Con la reforma de pensiones, la cotización para ahorrar y retirarse pasó de un 15 % a un 16 %, pero la distribución cambió: 9 % va a la cuenta de ahorro individual, 6 % a la CGS y 1 % a la AFP.
Lemus sostiene que tras agotarse la CGS, cuya sostenibilidad ya estaba en duda antes de la reforma, “se tomaría de la cotización directamente obligando a los fondos a comprar los COP (Certificados de Obligación Previsional”, es decir emitiendo deuda, con el detalle que, según han planteado varios analistas, las compras de estos nuevos ins
“Esto implicará un desembolso de $231 millones más al año para poder equiparar todas las pensiones a la nueva estructura de las mejoras”
Marlon Vásquez, PRESIDENTE DEL ISP.
“Ese cálculo está bien para el año 2023, pero los siguientes años habrá que irle sumando el aumento del 30 % para los nuevos casos de vejez, se va acumulando como una grada”.
Rafael Lemus, ECONOMISTA.
trumentos no tienen un límite como pasaba con la anterior ley.
Sobre la transición, el jurista Enrique Anaya subrayó que la sustitución de los CIP (Certificados de Inversión Previsional, papeles utilizados para financiar los pagos de pensiones del antiguo SPP y los beneficios otorgados a la población optada) por los Certificados de Finamientos de la Transición, que serán emitidos por el ISP, quien ahora aparecerá como deudor de los $8,000 millones que ya se han emitido a la fecha.
“Pasan a otra institución esta deuda, ya nace con una deuda de $8,000 millones”, expresó el abogado.
Ayer el ISP dijo que los términos de la transición “tendrán que ser revisados de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda”, un proceso que va a ser dado a conocer en los próximos días.
Anaya dijo que los nuevos certificados a emitirse (COP) serán los que tendrán una tasa de 7% , pero la misma ley que derogó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) dice que es el mismo ISP el que pondrá las características y condiciones de los certificados de transición.