FILTRACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES CONFIRMA ABUSOS DURANTE EL RÉGIMEN
INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) SOSTIENE QUE HA HABIDO CAPTURA MASIVA DE MENORES DE EDAD, HACINAMIENTO CARCELARIO Y MUERTE DE PRIVADOS DE LIBERTAD DURANTE EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN.
“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención”. Tamara Taraciuk Broner, HUMAN RIGHTS WATCH.
Una filtración de documentos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a los que Human Rights Watch (HRW) tuvo acceso, le habría permitido conocer la situación de capturados y capturadas en el régimen de excepción durante los primeros cinco meses después de su aprobación.
La organización internacional de derechos humanos detalló que en el documento del Ministerio de Seguridad se enlista a las personas capturadas desde que inició el régimen de excepción hasta finales de agosto de 2022. Esa información fue contrastada por HRW con otras fuentes encontrando 300 coincidencias.
“La base de datos indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, destacó HRW en el informe.
Uno de los hallazgos que detalla la organización es la cantidad de menores de edad que las autoridades de seguridad habrían capturado hasta finales de agosto.
En total, mencionan que 1,082 niños y niñas fueron enviados a detención provisional a causa del régimen de excepción entre marzo y agosto. De estos, 917 capturas corresponden a niños y 164 a niñas. Detallan, además, que 21 de estos tenían entre 12 y 13 años.
Los registros, además, proporcionan las edades, los delitos, el lugar donde fueron detenidas y la cárcel a la que fueron enviadas las personas durante los primeros cinco meses del régimen. La organización enumeró también información que plantea “preocupaciones en materia de derechos humanos”.
Además, esa misma base de datos confirmó la muerte de 32 personas durante ese periodo en centros penales, en su mayoría en Mariona e Izalco. Para noviembre, el ministro de Justicia y Seguridad
Pública, Gustavo Villatoro aseguró que tenían registros de 90 fallecidos en centros penales.
A finales de agosto, fuentes internas del Instituto de Medicina Legal (IML) confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que entre marzo y agosto tenían registradas 73 muertes en centros penitenciarios, es decir, más del doble de lo que las autoridades de seguridad manejaban en sus bases de datos para esas fechas.
“La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en Mariona e Izalco. En noviembre, autoridades informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo”. Informe HRW, SOBRE FILTRACIÓN BASE DE DATOS.
HACINAMIENTO
Otro de los hallazgos de Human Rights Watch es que, hasta agosto, más de 50,000 personas ya habían sido enviadas a detención provisional, con lo que se generó hacinamiento en las cárceles y elevó la población penitenciaria a más de 86,000.
La mayoría de imputados fueron trasladados al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Según la filtración de documentos, en ese centro penitenciario la población aumentó de 7,600 a 33,000 en tan solo cinco meses.
Hasta diciembre de 2022, El Salvador registró 97,525 privados de libertad, según cifras oficiales, la suma de los que ya estaban presos y los del régimen de excepción. Es el equivalente a dos de cada 100 salvadoreños mayores de edad y residentes en el territorio.
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción. Las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
En diciembre de 2022, HRW y Cristosal presentaron un informe en el que concluyeron que durante el régimen de excepción, el Estado ha cometido violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas.
En esa ocasión sugirieron al gobierno de El Salvador reemplazar el régimen de excepción con otra estrategia sostenible para tratar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos de estas. “Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales. Reiteramos el llamado a los gobiernos de la región a garantizar seguridad sin injusticias a la ciudadanía”, expresó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.