A MENOS INFORMACIÓN, MAYOR DEPENDENCIA DE LA PROPAGANDA Y DEL POPULISMO
Lo novedoso es que con ese afán, el Gobierno se haya convertido en el dueño de la información que le pertenece a los ciudadanos, un afán consumado con la disolución de la Dirección General de Estadística y Censos y la jurisdicción que desde entonces tiene en la materia el Banco Central de Reserva. La Dirección levantaba importantes estadísticas relacionadas con el registro de población, la medición de la pobreza, fluctuaciones de la canasta básica y un importante registro sobre hechos de violencia de diferente tipología. Desde septiembre, cuando luego de una pantomima de debate y de análisis, la bancada oficialista decidió bajarle el pulgar a la entidad, El Salvador se encuentra en esta precariedad: su gobierno pretende ser juez y parte porque la entidad que permitiría a la nación conocer factualmente sobre la situación del país y los resultados de las políticas públicas depende directamente del mismo régimen.
Desde que la narrativa oficial incluyó una rendición de cuentas artificial dentro de su menú, el Estado ha ido monopolizando la información sobre los principales indicadores económicos, de seguridad, de administración judicial, sanitarios y un largo etcétera. Y como además la estructura de propaganda gubernamental incluye un largo y oneroso listado de medios de comunicación, la estrategia funciona al cien por ciento porque así el régimen no sólo produce contenido con el énfasis y el tono que le interesa sino que garantiza que lo producido tenga penetración.
El objetivo de instalar una agenda y de dominar la narrativa no es exclusivo de este gobierno, eso ya es sabido. Antes, presidentes del Partido de Conciliación Nacional, de Alianza Republicana Nacionalista y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hicieron lo propio a través de otras tácticas, incluido el trillado objetivo de doblarle el brazo a medios de comunicación independiente a través de la pauta publicitaria.
Lo novedoso es que con ese afán, el Gobierno se haya convertido en el dueño de la información que le pertenece a los ciudadanos, un afán consumado con la disolución de la Dirección General de Estadística y Censos y la jurisdicción que desde entonces tiene en la materia el Banco Central de Reserva.
La Dirección levantaba importantes estadísticas relacionadas con el registro de población, la medición de la pobreza, fluctuaciones de la canasta básica y un importante registro sobre hechos de violencia de diferente tipología. Desde septiembre, cuando luego de una pantomima de debate y de análisis, la bancada oficialista decidió bajarle el pulgar a la entidad, El Salvador se encuentra en esta precariedad: su gobierno pretende ser juez y parte porque la entidad que permitiría a la nación conocer factualmente sobre la situación del país y los resultados de las políticas públicas depende directamente del mismo régimen.
Entre eso y el giro en sus servicios a la población que han dado instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública o la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, es poco probable que investigadores sociales, científicos, periodistas, centros de pensamiento, entes internacionales y la ciudadanía en general acceda a data confiable sobre lo que el gobierno salvadoreño ha hecho en los últimos tres años.
Aunque como señalamos, la estrategia tiene que ver con las necesidades de comunicación y propaganda que son la debilidad del actual gabinete, el perjuicio es transversal a todos los salvadoreños en variedad de órdenes, porque el acceso a la información además de ser un derecho de toda la ciudadanía sin excepción es un motor de las sociedades democráticas. En lugar de ser un mecanismo de autocorrección y aprendizaje, en la medida que facilita la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública, se ha convertido en sólo otro patio en el que el nuevo oficialismo hace gala de su vena autoritaria y excluyente.
Donde hay transparencia, se incrementa la capacidad de la nación para participar de modo informado y demandar políticas sensibles a sus prioridades y necesidades económicas y sociales; donde no la hay, con los ojos vendados, a los ciudadanos sólo les queda creerle ciegamente a la propaganda a menos que cuente con periodismo decente y medios de comunicación independientes.