Presupuesto a instituciones de control es insuficiente: AC 7.6%
Los recursos disponibles para las instituciones que fiscalizan al Estado representan solo un 7.6 % del presupuesto.
as instituciones de control, encargadas de fiscalizar al Estado y a sus dependencias recibieron menos fondos de los que requerían para funcionar y cumplir sus objetivos durante 2023, acaparando a penas un 7.6 % del presupuesto general de la nación, según revela un informe elaborado por Acción Ciudadana (AC).
En total, según el estudio, se asignaron $680.5 millones a las instituciones de control evaluadas en: Órgano Judicial; la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR); la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG); la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Sin embargo, este presupuesto no cubre todas las necesidades de las carteras de Estado y, en su mayoría, se invierte en gastos corrientes.
El director ejecutivo de AC, Eduardo
LEscobar, aseguró que aunque tendrán un presupuesto superior al del 2022; al menos dos instituciones no recibirán los fondos que pidieron al Ministerio de Hacienda: la FGR y la PGR.
En el caso de la FGR, la Asamblea Legislativa aprobó sólo el 59.5 % del presupuesto que requirió el fiscal general, Rodolfo Delgado, para cumplir los objetivos institucionales de este año. Y es que, de los $216.7 millones que solicitó, solo se le aprobaron $129 millones.
“Esto es muy delicado, porque la Fiscalía es el órgano principal en la investigación del delito; y mientras menos recursos recibe, hay menor capacidad de reducir la impunidad”, consideró Escobar.
La Procuraduría General de la República, en su caso, funcionará con el 84.7 % de los fondos que solicitó: el procurador pidió $47 millones, pero solo se le aprobaron $38.9 millones.
Graciela Ayala, coordinadora del Centro de Monitoreo, aseguró que estos fondos
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE 2023 SE DESTINA A LAS INSTITUCIONES DE CONTROL. DE ESTO, UN 6 % ES PARA LA CSJ POR MANDATO CONSTITUCIONAL. negados a la PGR se utilizarían en la contratación de personal, necesario para representar a los más de 68,000 detenidos durante el régimen de excepción.
“Esto demuestra que la defensa legal de los detenidos durante el régimen de excepción no es una prioridad para el Estado”, aseguró Ayala.
Otras instituciones como el TEG y la PDDH, en cambio, ni siquiera solicitaron más presupuesto del que les permitió Hacienda
según los techos presupuestarios acordados. “Es lamentable que la PDDH no haya encontrado más necesidad de fondos, sobre todo en medio de un régimen de excepción de derechos constitucionales”, agregó la analista.
Dentro del IAIP, sin embargo, AC detectó que la Asamblea hizo un incremento de $300,000 más de lo solicitado por el Ministerio de Hacienda. Esto, a pesar que el presupuesto de la institución aumentó de $1.84 millones a $2.44 millones.
Esto obedece, según Escobar, a una “falta de criterios técnicos” para las asignaciones presupuestarias, que podrían revelar favoritismo con instituciones que están en control del oficialismo.
Así, según el informe, después del nombramiento del fiscal Rodolfo Delgado, el presupuesto de la FGR aumentó un 13.7 %. En el caso del IAIP, después que la mayoría de comisionados fueran nombrados por el presidente, el presupuesto aumentó un 14.2 % en 2023.