VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA
El Salvador es un país con un riesgo muy alto de sufrir un desastre (derivado de tormentas, terremotos, sequías, etcétera). Esta vulnerabilidad puede ser explicada desde varios ángulos: (1) la desigualdad social y la migración campo-ciudad han generado innumerables asentamientos populares urbanos, (2) la falta de ordenamiento territorial y de planificación urbana, y (3) la degradación de los suelos y el crecimiento geométrico de la informalidad. ¡Prácticamente toda la ciudad capital está llena de negocios, es un mercado!
La CEPAL destaca la evolución del concepto de resiliencia. Inicialmente se definió como “la capacidad de reaccionar con efectividad y rapidez a los efectos de los desastres”. Luego escaló a “la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de manera oportuna y eficiente, mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos”.
Las acciones más efectivas consisten en fortalecer las capacidades locales a través de la conformación de comités comunitarios y municipales que coadyuven a identificar y prevenir riesgos, así como para que los cantones, barrios y colonias cuenten con las herramientas necesarias para prepararse y recuperarse ante el impacto de desastres naturales y de acciones nocivas del ser humano sobre la naturaleza.
Los líderes comunitarios y empleados municipales están en la primera línea de lucha contra los efectos de los desastres derivados de fenómenos naturales o antropogénicos. Es casi seguro que los efectos del cambio climático acentúen los riesgos, por lo que, conviene cambiar de actitudes (conductas) y aptitudes (capacidades) para prevenir y adoptar medidas correctivas en la vida cotidiana de los salvadoreños.
La negligencia e improvisación en la administración pública han permitido la deforestación, la obsolescencia de los sistemas de drenaje, la falta de educación ambiental y el incumplimiento de normas de construcción. De acuerdo con la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR), una Ciudad Resiliente es donde se cumplen ciertas condiciones, entre las cuales están las siguientes.
1. Hay un sólido liderazgo institucional, y la coordinación y las responsabilidades relacionadas con la gestión del riesgo de desastres están claramente definidas en todos los niveles.
2. Hay un plan financiero adecuado que complementa y promueve los mecanismos dirigidos a respaldar las actividades de resiliencia.
3. Existe una estrategia dirigida a proteger, modernizar y conservar las infraestructuras fundamentales a fin de garantizar la continuidad de los servicios y aumentar la resiliencia frente a los peligros.
4. La planificación urbana se realiza sobre la base de información actualizada sobre el riesgo, con un enfoque centrado en los grupos más vulnerables.
5. La ciudad tiene conocimientos actualizados sobre los peligros. Se preparan evaluaciones del riesgo de forma sistemática como base para la planificación urbana.
6. Se fortalecen todas las instituciones relevantes para la resiliencia de la ciudad para que posean las capacidades que necesitan para ejecutar sus funciones.
7. Se refuerzan la conexión social y la cultura de ayuda mutua a través de canales de comunicación comunitarios, educativos y multimedia.
Reflexión: estos siete puntos sugieren que las catorce cabeceras departamentales están lejos de ser ciudades resilientes. Además, y partiendo de que ningún gobierno central es capaz de asistir a todas las familias y comunidades ante un evento catastrófico, la clave está en construir la resiliencia desde la base. Ello significa conformar y capacitar comités comunitarios y municipales, los cuales son una instancia de coordinación y acción conjunta para identificar peligros, prevenir riesgos, fortalecer capacidades locales y, en coordinación con las autoridades pertinentes, dar una respuesta oportuna a las emergencias.
La negligencia e improvisación en la administración pública han permitido la deforestación, la obsolescencia de los sistemas de drenaje, la falta de educación ambiental y el incumplimiento de normas de construcción.