Economistas temen período de gracia a deuda previsional
La fecha de sustitución de los CIP por los CFT está próxima y se teme que el GOES cambie las condiciones de los CIP de forma que logre hacerse de un período de gracia a su favor para pagarlos.
Los Certificados de Inversión Previsional (CIP) están a un paso de desaparecer y ser sustituidos por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), pero todavía no están claras las condiciones en las que ocurrirá este traspaso, por lo que economistas temen que el Gobierno se haga de un período de gracia para pagar la deuda previsional cuando anuncie las nuevas disposiciones.
“Nosotros en el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) no sabemos cómo se va a hacer (la transición de CIP a CFT). Nosotros lo que sabemos es lo que dice la ley, que es que el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) es el que va a establecer las condiciones”, manifestó Ricardo Castaneda, economista sénior del ICEFI.
Lo anterior significa que es el ISP el que va a dictar las nuevas tasas de interés y el período en el que se van a pagar, y si va a haber un período de gracia, y es por esta última posibilidad que la calificadora de riesgo Fitch Ratings señaló, en febrero de este año, que el gobierno podría caer en un“in cumplimiento de pago ”.
“Por ejemplo, si se decidiera cambiar la actual tasa de interés y bajarla o modificar el período del plazo de manera unilateral, es decir, sin consultarle a los fondos de inversión, esto se consideraría un incumplimiento de pago”, anotó Castaneda.
“O si el Gobierno establece, por ejemplo, que esos certificados de traspaso van a tener un período de gracia de tres a cinco años, eso le resuelve sus problemas de finanzas públicas; sin embargo, iría en detrimento del fondo de pensiones, porque eso significaría que el fondo estaría recibiendo menos recursos”, añadió el economista de ICEFI.
A juicio del economista Otto Rodríguez, lo importante en esta transición de Cipacftes“quese haga con transparencia ”. No obstante, apunta también que si bien el Gobierno reformó el sistema de pensiones con el objetivo de reducir el 80 % que representa la deuda pública con respecto al producto interno bruto( pib ), mejorar la imagen macro para que disminuya el riesgo país e intentar abaratar el financiamiento internacional, la realidad seguirá siendo que “la deuda solo va a cambiar de modalidad, pero siempre va a seguir siendo una carga para el Estado”. Si modifican las condiciones de pago al hacer el traspaso, “solo van a restar un poco de presión en el corto plazo”, dijo. “Transitoriamente parecerá un alivio, porque el pago de la deuda se tira a largo plazo; eso dará un poco de oxígeno, pero solo es un parche, no es una solución estructural al problema de pensiones”, agregó.
Lo único que hasta la fecha se sabe sobre esta transición es lo que dice la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales: que la sustitución debería realizarse amás tardar 120 días a partir de la entrada en vigencia de dicha legislación y está vi gente desde el 10 de enero pasado; que las características del Certificado de Financiamiento de Transición serán definidas de acuerdo a las políticas contenidas en el Plan Anual de Inversiones del Instituto Salvadoreño de Pensiones; que el monto de los intereses acumulados y las amortizaciones de capital de los CIP vigentes antes de la sustitución y correspondientes al período contado a partir de su transferencia al ISP y hasta su sustitución, y serán incluidos en el monto nominal de la emisión del CFT; y que los CIP a ser sustituidos deberán ser entregados por las AFP al monto valorizado a la fecha de su transferencia y serán cancelados para su completa liquidación por el ISP.
El último informe público de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) data de hace cuatro meses y detalla que a diciembre de 2022 la deuda previsional ascendía a $6,202.2 millones y representaba el 19.5 % del PIB, que en ese momento ascendía a $31,816.6 millones.
“Si el Gobierno establece que esos certificados de traspaso van a tener un período de gracia de tres a cinco años, eso le resuelve sus problemas de finanzas públicas; sin embargo, iría en detrimento del fondo de pensiones”.
Ricardo Castaneda, ECONOMISTA.