EL MONOPOLIO DE LA FUERZA NO ES SINÓNIMO DE SEGURIDAD
Es como el mundo al revés, al menos desde la perspectiva oficialista: la situación de seguridad en El Salvador ha adquirido tales características que se ha sumado a las razones para que los migrantes ilegales radicados en Estados Unidos no vuelvan al país, so riesgo de su vida.
Al menos eso es lo que estima un poco más de un centenar de congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, quienes la semana anterior le solicitaron al gobierno federal mantener los beneficios del régimen de protección temporal para los salvadoreños. Consideran que el país ha sufrido primero de una endémica inseguridad, a la que se ha unido la represión del gobierno a través del régimen de excepción. Esa medida, sostuvieron los políticos norteamericanos, “provocó desapariciones masivas y el encarcelamiento de 2 por ciento de la población y amenazó la capacidad de las comunidades para prosperar económicamente”.
Esa evaluación y conclusiones difieren absolutamente de lo que el gobierno salvadoreño sostiene, que es que el combate contra la pandilla, el control territorial que el Estado ha recuperado y el desmantelamiento de la red de influencia de esa mafia en las comunidades ha vuelto segura la vida y la convivencia nacional. La principal diferencia es el énfasis que los congresistas ponen en la afectación ciudadana debido al régimen de excepción, eso que el gobierno denomina como saldo colateral de las medidas excepcionales que tomó hace poco más de un año.
Defensores de derechos humanos dentro y fuera de El Salvador y políticos de diversas afiliaciones y nacionalidades coinciden en que las violaciones a los derechos humanos no son sólo un residuo, un efecto secundario de la política de seguridad en el país sino que son el eje central del programa, una licencia sin la cual el régimen no habría podido proceder como lo hizo ni sembrar en el ánimo nacional un sometimiento al Estado y la militarización de la Policía Nacional Civil. Mientras tanto, ese enfoque que simplifica la acción gubernamental hasta diseccionarla en monopolio de la fuerza sin discusión, anulación de la presunción de inocencia como nuevo principio judicial y satanización del activismo garantista ha recibido adhesiones nacionales e internacionales que lo consideran la perfecta puesta en escena de la aspiración popular a un gobierno fuerte, reactivo y unificador.
¿Pueden los ciudadanos no sólo aspirar sino exigir una acción gubernamental vigorosa contra el crimen, que el Estado recupere el espacio público perdido y que la institucionalidad judicial funcione a velocidad crucero, sin por ello sacrificar sus derechos y garantías constitucionales, su libertad, los beneficios del Estado de derecho? Desde el Primer Mundo, desde democracias que ya suman más de un siglo sin interrupciones, la respuesta es un contundente e inalienable sí.
Pero desde democracias insatisfactorias, interrumpidas por la corrupción, el populismo socialista o en las que el crimen organizado ha corrompido a las instituciones y se comió el alma de la sociedad, la idea de un poder que irrumpa, subvierta y reorganice, de ser posible con violencia, es más popular de lo que se puede admitir sin ruborizarse. Y es más cómodo elogiar esa ejecución cuando no se han padecido sus efectos o cuando sólo parecen chismorreo lejano de un país que a la distancia no se entiende y no les duele.
Esa medida, sostuvieron los políticos norteamericanos, “provocó desapariciones masivas y el encarcelamiento de 2 por ciento de la población y amenazó la capacidad de las comunidades para prosperar económicamente”. Esa evaluación y conclusiones difieren absolutamente de lo que el gobierno salvadoreño sostiene, que es que el combate contra la pandilla, el control territorial que el Estado ha recuperado y el desmantelamiento de la red de influencia de esa mafia en las comunidades ha vuelto segura la vida y la convivencia nacional. La principal diferencia es el énfasis que los congresistas ponen en la afectación ciudadana debido al régimen de excepción, eso que el gobierno denomina como saldo colateral de las medidas excepcionales que tomó hace poco más de un año. Defensores de derechos humanos dentro y fuera de El Salvador y políticos de diversas afiliaciones y nacionalidades coinciden en que las violaciones a los derechos humanos no son sólo un residuo, un efecto secundario de la política de seguridad en el país sino que son el eje central del programa, una licencia sin la cual el régimen no habría podido proceder cómo lo hizo ni sembrar en el ánimo nacional un sometimiento al Estado y la militarización de la Policía Nacional Civil. Mientras tanto, ese enfoque que simplifica la acción gubernamental hasta diseccionarla en monopolio de la fuerza sin discusión, anulación de la presunción de inocencia como nuevo principio judicial y satanización del activismo garantista ha recibido adhesiones nacionales e internacionales que lo consideran la perfecta puesta en escena de la aspiración popular a un gobierno fuerte, reactivo y unificador. ¿Pueden los ciudadanos no sólo aspirar sino exigir una acción gubernamental vigorosa contra el crimen, que el Estado recupere el espacio público perdido y que la institucionalidad judicial funcione a velocidad crucero, sin por ello sacrificar sus derechos y garantías constitucionales, su libertad, los beneficios del estado de derecho?