MAL VAMOS SI LA RETÓRICA VALE MÁS QUE LA MORAL
En el oficialismo pocos vindican sus intervenciones precisamente porque se mueven en un terreno que no es siquiera ideológico sino retórico y por eso mismo exponen a cualquiera que no tenga la facilidad de palabra del vicepresidente. Dentro de algunos años, cuando futuras generaciones revisen esta etapa de la historia salvadoreña, es muy probable que reparen en ese tipo de exposiciones como un signo de las complicaciones que comenzaron a sufrir el estado de derecho, la certidumbre jurídica y el republicanismo nacionales.
En unas declaraciones que han sido recogidas por la mayoría de medios independientes, el señor Félix Ulloa sostuvo en una misma frase que el presidente de la República puede buscar un segundo mandato y que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución.
La construcción hecha por el funcionario, a la sazón abogado de la República, puede ser larga y compleja como ya lo ha hecho antes en diferentes espacios, pero a la postre gira alrededor de la semántica y de los usos a su criterio diversos que pueden hacerse del adjetivo “inmediata”. En el oficialismo pocos vindican sus intervenciones precisamente porque se mueven en un terreno que no es siquiera ideológico sino retórico y por eso mismo exponen a cualquiera que no tenga la facilidad de palabra del vicepresidente.
Dentro de algunos años, cuando futuras generaciones revisen esta etapa de la historia salvadoreña, es muy probable que reparen en ese tipo de exposiciones como un signo de las complicaciones que comenzaron a sufrir el Estado de derecho, la certidumbre jurídica y el republicanismo nacionales. Y no solo por la obvia contrariedad que el proyecto reeleccionario plantea para los constitucionalistas, sino por algo más profundo: el momento en el que lo obvio, lo correcto y lo ético dejaron de ser un imperativo para la sociedad, sustituidos por la cháchara a ciencia y paciencia de incluso los mejores ciudadanos.
No ha importado la convención de décadas acerca de lo que es lícito y lo que no lo es según la Carta Magna, tampoco las dolorosas lecciones que la historia le ha cobrado a El Salvador: empujada por una inercia que tiene mucho de convicción popular pero también de desconocimiento cívico, apatía social y merced a que importantes corrientes de pensamiento han quedado sin debida y honorable representatividad, la nación se aproxima a un parteaguas jurídico de consecuencias inimaginables.
Por eso las disquisiciones de los valedores de ese proyecto son un mero malabarismo lingüístico, porque las verdaderas razones no están ni en la redacción constitucional ni en áreas grises no consideradas por los legisladores de hace décadas, sino en el pragmatismo más crudo del que se haya tenido registro en la posguerra. El proyecto camina simplemente porque el oficialismo goza del balance de poderes suficiente para hacerlo, sin oposición efectiva. Lo harán porque pueden, aun si no debieren.
Decirlo, mencionarlo de modo objetivo se le puede dispensar al analista independiente, al articulista desapasionado, al politólogo o al científico social, pero no a un funcionario de elección popular con pretensiones demócratas. Desde fuera es plausible distinguir lo que pasa, advertir las complicaciones inherentes; desde dentro ya que es impensable que alguien critique lo que se fragua, solo podía esperarse silencio disciplinado. Por eso la nueva referencia a la reelección de parte del vicepresidente es a la vez sorpresiva e incómoda: por innecesaria ya que la elevación del régimen a la categoría de aplanadora ya no necesita de ideólogos ni de evangelistas inesperados.
Lamentablemente los funcionarios están blindados ante el periodismo y sólo se codean con los propagandistas y escribanos ya conocidos. De lo contrario, al menos alguno ya se habría enfrentado a la pregunta de si, independientemente de si la retórica hace parecer legítimo lo ilícito y válido lo censurable, les parece conveniente que se contravenga lo que durante décadas los salvadoreños han entendido que es moralmente incorrecto.