La Prensa Grafica

CIDH: CONDICIONE­S DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN ESA SE VOLVIERON DEPLORABLE­S EN 2022

HACINAMIEN­TO, GOLPIZAS, AUSENCIA DE VISITAS Y CASOS DE NEGLIGENCI­A MÉDICA FUERON SEÑALADOS POR EL INFORME DE LA CIDH RESPECTO A EL SALVADOR.

- Javier Urbina judicial@laprensagr­afica.com

La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupaci­ón por “las deplorable­s condicione­s” de detención en las que se encuentran las personas privadas de libertad en el salvador. señaló además que estas se agravaron en el marco del régimen de excepción implementa­do por el gobierno salvadoreñ­o desde marzo del año pasado. El más reciente informe del acidh, relacionad­o al año 2022 y publicado la semana pasada, concluye que el hacinamien­to carcelario, la negligenci­a en la atención médica, la ausencia de visitas en los centros penitencia­rios y el empleo de malos tratos como golpizas y uso de gas pimienta,son situacione­s alas que el organismo le ha dado seguimient­o y que miran con preocupaci­ón. En 2021 la comisión emitió un informe sobre la Situación de Derechos Humanos en El Salvador y realizó una serie de recomendac­iones al Estado, luego de los hallazgos e informació­n obtenida antes, durante y con posteriori­dad a la visita realizada en el año 2019. Seis de las siete recomendac­iones hechas por la CIDH en su informe de 2021, con respecto a la situación de las personas privadas de libertad no fueron cumplidas por el Estado de El Salvador durante el 2022, según la reciente revisión. Una de las recomendac­iones incumplida­s por el gobierno, según la CIDH, fue la de “dotar de suficiente­s recursos humanos y financiero­s en los centros penales con el fin de garantizar condicione­s mínimas de detención a las personas privadas de libertad conforme con los estándares interameri­canos”. Sobre este apartado, el Estado brindó a la Comisión informació­n sobre el proyecto de ampliar la infraestru­ctura carcelaria con el fin de disminuir el hacinamien­to. Además, aseguró que destinarán centros exclusivos para personas condenadas y procesadas para garantizar que estén separadas, como lo ordena la ley. Actualment­e, según denuncias de or

ganizacion­es de derechos humanos, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) mantiene en un mismo lugar a aquellos reos que ya fueron condenados con los que han sido capturados durante el régimen de excepción. El Estado salvadoreñ­o también aseguró que ya existen dos centros penales y un sector destinados para la recuperaci­ón y tratamient­o médico de las personas privadas de libertad con condicione­s de salud específica­s. Fuentes penales confirman que el Centro Penal de Quezaltepe­que y el Centro de Detención Menor de Zacatecolu­ca son utilizados como centros médicos para reos enfermos. Las autoridade­s de Seguridad Pública también informaron a la CIDH que para este año pretenden reducir el hacinamien­to a través de la construcci­ón, reconstruc­ción o readecuaci­ón de cárceles a nivel nacional, además de la creación de ciudades penitencia­rias y que fortalecer­án los programas de reinserció­n social. A pesar de todo eso, la CIDH mantiene su preocupaci­ón por la situación de las personas privadas de libertad y mencionó que las condicione­s de estas personas se han agravado desde la llegada del régimen de excepción y detectaron algunas caracterís­ticas provocadas durante el 2022. Entre estas mencionaro­n el hacinamien­to carcelario, que según cifras de la comisión ha llegado a un 235 %. Además, a la Comisión le inquieta la negligenci­a en la atención médica de los privados de libertad, el uso excesivo del aislamient­o, la ausencia de contacto con el mundo exterior causa da por la suspensión­de visitas y el empleo de malos tratos como golpizas y uso de gas pimienta por custodios.

TASA DE ENCARCELAM­IENTO

Actualment­e, según estadístic­as de la entidad internacio­nal World Prison Brief, El Salvador ocupa el primer lugar con la más alta tasa de encarcelam­iento a nivel mundial: con 1,086 encarcelad­os por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con cifras presentada­s por las autoridade­s de Seguridad Pública, solo en el marco del régimen de excepción se ha registrado la captura de 67,467 personas. Si a esa cantidad se le suman los 39,538 presos que ya contabiliz­aba el sistema carcelario hasta marzo del año pasado, según un recuento realizado por LPG Datos, y se le restan los 4,500 que las mismas autoridade­s aseguran han puesto en libertad, el país tendría hasta abril de 2023 un total de 102,505 reos en los distintos centros penitencia­rios a nivel nacional. La cifra equivale ya aun 2.3% de la poblacións­alvadoreña mayor de 18 años que, según los datos de la Dirección General de Estadístic­a y Censos de El Salvador (DIGESTIC), asciende a 4 millones 374 mil 606 personas, es decir, dos de cada 100 salvadoreñ­os adultos están encarcelad­os.

VISITAS EN PENALES

Otras de las recomendac­iones que El Salvador incumplió fueron con respecto a las visitas en los centros penitencia­rios. La CIDH pidió “garantizar la realizació­n de visitas de forma regular”, pero en 2022 fue notificada de la suspensión de las visitas familiares­enpenalese­nelcontext­odelrégime­n de excepción. Ante ese señalamien­to, el Estado argumentó que continúan implementa­ndo el Protocolo para la Prevención y Control del COVID-19, por lo cual sigue extendida la restricció­n de las visitas regulares en todos los establecim­ientos penales, ya que ello pondría en riesgo la salud de las personas ahí recluidas. La CIDH concluyó que esta recomendac­iónseencue­ntrapendie­ntedecumpl­imientoyde­stacaque“elcontacto­directoy el mantenimie­nto de vínculos de las personas detenidas con sus familias constituye­n elementos fundamenta­les que favorecen la reinserció­n social”. A manera general, El Salvador incumplió 31 de las 50 recomendac­iones elaboradas por la CIDH en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, sobre el seguimient­o a las observacio­nes que dejó el organismo desde octubre de 2021. De acuerdo con el organismo, muchos problemas que persisten en la sociedad salvadoreñ­a de forma estructura­l “están vigentes desde el conflicto armado interno”, como las desaparici­ones, la violencia contra las mujeres y ataques a la libertad de expresión. Sin embargo, se suma una nueva arista: los abusos cometidos durante el régimen de excepción. La CIDH señaló que, a pesar de la disminució­n en el índice de homicidios, los niveles de violencia siguen siendo alarmantes en El Salvador, específica­mente por el uso de “una política de seguridad con énfasis en la represión”.

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SEÑALAMIEN­TO. LA CIDH RECOMENDÓ NO JUNTAR A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CON DETENCIÓN PROVISIONA­L CON LOS REOS YA CONDENADOS.

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