PRECARIZACIÓN DEMOCRÁTICA Y RETROCESOS DE LAS LIBERTADES
uando se afirma que hay un retroceso en la libertad de prensa en El Salvador, desde el oficialismo se alega que no hay periodistas detenidos ni procesados por ejercer su sana crítica sobre los asuntos públicos, como sí ocurre en estos mismos días en la vecina República de Guatemala. Pero lo que ocurre en el país no tiene sólo que ver con los medios de comunicación ni tampoco con quienes desde sus salas de redacción practican el periodismo independiente, sino con un perjuicio continuado contra la libertad de expresión de la sociedad en general.
La actuación del gobierno ha sido decisiva para que esto ocurra; de otro modo no se entiende cómo es que en una época en la que hay más plataformas de divulgación, más penetración digital y en la que la posibilidad de ser creador de contenido se ha abierto de par en par por las tecnologías de la información, la ciudadanía es tan reticente a expresar sus ideas, a manifestarse sobre las políticas estatales y a asociarse por espíritu cívico. Esa incomodidad no es sorpresiva y tiene que ver con todo un aparato de hostigamiento, acoso y contaminación de la conversación nacional. Aunque aún no hay documentación sobre quiénes patrocinan esa maquinaria del insulto, es obvio que persigue el mismo objetivo y adolece del mismo tono que el de los funcionarios, que defienden a las mismas personas y a las mismas ideas y están propensos a humillar a críticos, detractores, opositores y librepensadores a mansalva.
Ese es el verdadero blanco de la alienación de la convivencia y la precarización democrática ejercida por la nueva oligarquía y la burocracia que le sirve: control social a través de la intimidación, que es cómo funciona el autoritarismo. Que se moleste a los periodistas, que a través de la esfera gubernamental se persiga a las empresas de comunicación y que cada cierto tiempo se descubran nuevos métodos para sabotear la
Clabor informativa es en ese sentido sólo una táctica que se intensifica dependiendo de la coyuntura narrativa; lo otro, mantener a la masa más crítica de la población a la defensiva, renuente a opinar porque eso puede traerle complicaciones laborales o familiares, es un eje de acción, una estrategia que el régimen recrudece con el paso de los meses.
En un ambiente así de enrarecido y frente a una administración que le ha puesto llave a miles de documentos en violación a la Ley de Acceso a la Información Pública a ciencia y paciencia del cadavérico Instituto de esa materia, es inevitable que el periodismo sea cada vez más difícil de desarrollar. Pero la opacidad y el rechazo a la fiscalización no son inéditos en la historia salvadoreña y las principales firmas de la comunicación nacional no se han forjado gracias al gobierno sino pese a los gobiernos.
Lo novedoso del complot contra el periodismo que ha caracterizado a este gobierno ha sido la satanización del trabajo periodístico y el esfuerzo ingente emprendido desde el oficialismo por sustituir el criterio y las voces independientes con peones de sus secretarías de prensa, algo que no han conseguido no sólo por ser una idea peregrina sino porque incluso los divulgadores de propaganda necesitan gozar de alguna calidad.
La actuación del gobierno ha sido decisiva para que esto ocurra; de otro modo no se entiende cómo es que en una época en la que hay más plataformas de divulgación, más penetración digital y en la que la posibilidad de ser creador de contenido se ha abierto de par en par por las tecnologías de la información, la ciudadanía es tan reticente a expresar sus ideas, a manifestarse sobre las políticas estatales y a asociarse por espíritu cívico.