ONU pide a GOES que explique las detenciones de Santa Marta
Hasta cuatro oficinas que velan por el cumplimiento de los DD.HH. pidieron al Estado que compruebe el respeto al debido proceso.
“Esperamos que Naciones Unidas certifique las graves violaciones a los derechos humanos y haga un llamado contundente”. Dennis Muñoz, DEFENSOR
“Al momento de redactar esta comunicación, los defensores se encontrarían detenidos a la Unidad Fronteriza de la PNC. No tendrían comunicación con familiares y la comunicación con su equipo legal estaría restringida”. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN MISIVA AL GOBIERNO SALVADOREÑO
a Organización de las Naciones Unidas exigió respuestas al Gobierno de El Salvador ante una “supuesta detención arbitraria contra cinco defensores del medionambiente” de la comunidad Santa Marta en Victoria, departamento de Cabañas.
Lamisiva,fechadael8demarzo,fueenviada dos días después de que una Cámara negara el otorgamiento de medidas sustitutivasaladetencióncontraloscincolíderes de la comunidad detenidos el pasado 13 de enero. Según la defensa de los acusados, por su avanzada edad algunos padecen de enfermedades y requieren atención médica.
A Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, el Estado los acusa de haber participado en el asesinato de una mujer en la comunidad de Santa Marta en agosto de 1989, así como de los crimines de asociación ilícita y de privación de libertad.
En el país, el caso ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como una “persecución política” debido al perfil que tienen los acusados.
De hecho, en la misiva, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajosobreladetenciónarbitraria;elrelator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; y el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, certifican que los detenidos son personas “defensoras de los derechos humanos”.
Para la ONU, estos fueron parte “del exitoso movimiento para proteger las
Lfuentes de agua del país de los impactos negativos de la minería metálica, que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de Minería Metálica de metales en 2017”.
Laonupidealestadoqueaclaresiescierto que durante el proceso se les ha restringido el acceso a la salud, al contacto con sus familiares y al intercambio de información con su equipo de defensores.
En respuesta a Naciones Unidas, enviada el 6 de mayo —dos días antes que vencieraelplazode60díasotorgadoporla
ONU— el gobierno de Nayib Bukele relata las acciones que ha tomado el Estado y asegura que ha respetado los derechos humanos de los señalados.
Según el gobierno, se ha resguardado la salud de los acusados al ingresarlos a un centro con condiciones de atención en salud para reos adultos mayores.
Dicho traslado, según la respuesta salvadoreña, ocurrió el 9 de marzo; es decir, un día después de recibida la misiva en que la ONU pide detalles del caso.
Dehecho,laonuseñalaquehastaese8 de marzo tenían información de que los detenidos estaban aislados en una delegación, sin atenciones integrales y sin contacto con sus defensores. Es decir, habrían estado en esas condiciones durante dos meses después de la captura.
Según el Gobierno, también “se ha garantizado el derecho a la defensa técnica de los procesados, en tanto que ellos han nombradoalosabogadosdefensoresdesu elección, con quienes desde el inicio del procesamiento han tenido comunicación para establecer la estrategia de su defensa”. Dennis Muñoz, abogado de los acusados, señala que los alegatos del gobierno son falsos. “La prueba es que tengo dos meses sin poder ver a mis defendidos. Y no sabemos en qué condiciones se encuentran de salud”, denuncia.