LA CRISIS DE SEGURIDAD: HECHOS VRS. RETÓRICA
l ministro de Seguridad sostiene que el sistema judicial ha liberado a cerca de 5 mil de las personas que fueron detenidas en el último año a propósito del régimen de excepción. Esa cantidad, que equivaldría a un 7 por ciento del total de los privados de libertad en el marco de esa política, es difícil de comprobar debido a la reserva de información que ha caracterizado todo el procedimiento.
Tampoco hay coincidencia entre la cantidad de ciudadanos fallecidos bajo custodia del Estado que las autoridades reconocen y lo que diversos organismos de derechos humanos e investigaciones periodísticas plantean; al respecto, el vocero hizo otra revelación y compartió que hay una “fuerza de tarea” que estaría dándole seguimiento a los fallecimientos “porque cada crimen se tiene que investigar”, y estableció además un agravante que no había figurado en la narrativa oficial: considerarían intolerable que un servidor público haya intervenido en un hecho de esa índole en un centro penitenciario.
Otras carteras gubernamentales pueden darse el lujo de la intermitencia y la ambigüedad en la comunicación, pero no aquellas que atienden una emergencia o una crisis que impacta a ritmo cotidiano a la ciudadanía. La actuación de Salud Pública durante la pandemia es un ejemplo de lo que debe y no debe hacerse en ese sentido. Seguridad Pública y Justicia debe verse en ese espejo a propósito de la crisis que se sufre desde marzo del año pasado.
La ola homicida conmovió a la nación como pocas veces durante la posguerra. El propósito fue claramente terrorista, parte de una dinámica oprobiosa en la que un poder criminal se manifestaba ante el Estado con todo su poder y extensión territorial. Más de un año después, esos crímenes permanecen en la impunidad, sus hechores no han sido individualizados y lo único que la población ha entendido es que fueron los últimos rehenes y los últimos asesinatos de la mafia pandilleril.
EEl esclarecimiento de esos crímenes es una tarea operativa, forense y de comunicación que el Gabinete de Seguridad debería tener entre sus prioridades. Procedimentalmente, la comprensión de cómo se fraguó esa agresión terrorista es clave para que todos los salvadoreños conozcan a cabalidad en qué nivel de organización se encontraba la pandilla; narrativamente, es más sencillo entender algunas decisiones teniendo presentes a esas víctimas que sólo un discurso repetido como bucle mes tras mes con cada renovación del régimen de excepción.
Y lo más importantes es que éticamente, el Estado le falló a esos ciudadanos porque los primeros años de la administración no fueron suficientes para desmantelar ni disuadir a los delincuentes, si no es que de alguna manera desencadenaron esa última manifestación de poder asesino. Eso es suficiente para devolver esa investigación al centro del trabajo de las autoridades.
Acerca de las decenas de fallecidos en los centros penitenciarios cabe la misma afirmación: culpables o no de los delitos por que se les arrestó e investigaba, la nación necesita tener la garantía de que no hubo mano criminal ni negligencia fatal del personal penitenciario, así como de que si la hubo se castigará con todo el peso de la ley a la línea de mando. Ese compromiso no es menos urgente si los fallecidos eran pandilleros, ese giro de la retórica ya no cabe y el Gabinete de Seguridad lo sabe tal cual lo hizo ver el ministro en sus más recientes declaraciones.
El esclarecimiento de esos crímenes es una tarea operativa, forense y de comunicación que el gabinete de Seguridad debería tener entre sus prioridades. Procedimentalmente, la comprensión de cómo se fraguó esa agresión terrorista es clave para que todos los salvadoreños conozcan a cabalidad en qué nivel de organización se encontraba la pandilla.