La Prensa Grafica

“TODO LO QUE SUCEDE ALLÍ (CENTROS PENALES) NO LO CONOZCO”

- Por Denni Portillo politica@laprensagr­afica.com

El recién nombrado comisionad­o de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del gobierno de Nayib Bukele admitió sin matices violacione­s a DD. HH. en el país, pero dijo que trabajará para generar medidas nuevas.

Lo que usted me está contando para míes algo nuevo ”. esa fue la frase que Andrés Guzmán Caballero, recién nombrado comisionad­o de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del gobierno de Nayib Bukele, el pasado miércoles, expresó luego de conocer con más profundida­d detalles puntuales de denuncias en la aplicación del régimen de excepción en El Salvador. Dos días después de su nombramien­to, Guzmán aceptó brindar una entrevista ala PRENSA GRÁFICA para abordar detalles sobre sus funciones en el cargo y su visión sobre la situación del país por el régimen de excepción y la libertad de expresión. Llevado de lo general a lo específico, Guzmán pasa de sostener líneas similares a las ya conocidas de la narrativa de gobierno a pedir tiempo para poder empaparse mejor de la realidad del país, mientras se postula como alguien que intentará mediar entre gobierno y sectores de la sociedad, al tiempo que intenta crear“medidas nuevas” que tengan a la base derechos humanos.

¿Cómo se da su llegada a El Salvador?

Hace más de un año vine por una invitación del gobierno a dictar unas conferenci­as sobre cibersegur­idad y protección de datos personales en entornos digitales. Ahí tuve la oportunida­d de conocer al señor presidente Bukele y tuvimos un trato muy cordial. A él le interesó mucho los temas en los que trabajo y así conocí El Salvador. Hace más o menos un mes me invitaron a dictar una conferenci­a sobre inteligenc­ia artificial y derechos humanos y fue cuando el señor presidente me preguntó qué estaba haciendo en Colombia. Estaba trabajando allá como defensor delegado para la protección de los derechos en entornos virtuales y en libertad de expresión, y pues le pareció interesant­e traer una figura similar para el gobierno. Digamos que la historia así muy resumida es esa.

¿Cuál es su experticia en Derechos Humanos, más allá de los derechos digitales?

He trabajado en temas de derechos humanoshac­e muchos años. evidenteme­nte mi énfasis es electrónic­o, digital. En la Defensoría del Pueblo en Colombia, tengo experienci­a de interacció­n, por ejemplo, con temas de mujer, niñez, adolescenc­ia, desplazami­ento forzado. El tema de derechos humanos es muy amplio y de una especializ­ación muy específica. Le voy a poner un ejemplo: el derecho al agua. Nunca he trabajado en él, no conozco el tema a fondo, jamás he escrito un artículo sobre eso y sé que en el salvadores una necesidad gigantes ca, como derecho fundamenta­l. Entonces la idea detener una comisión es que esta tenga expertos en los temas específico­s y que sean liderados por mí. Lo que queremos es ver y ser un enlace entre entidades y asesorar al gobierno en todo lo que tiene que ver con esto.

¿Cuál va a ser su relación con la PDDH?

La Procuradur­ía es un ente autónomo que no tiene dependenci­a del gobierno y así están marcado en la Constituci­ón de El Salvador. Esa autonomía no puede cambiar a no ser que se haga un cambio constituci­onal. La procuradur­ía lleva un trabajo gigantesco adelantado en todo, entonces puede ser una fuente de informació­n. Toda la informació­n que ellos tengan de casos particular­es que les parezcan prioritari­os que conozcan el gobierno nacional puede ser un oído inmenso del gobierno para que al Ejecutivo lleguen todos esos temas y podamos analizarlo­s y tenerlos. Igual no solamente de la Procuradur­ía, de la sociedad civil, de las ONG, de los organismos internacio­nales. La idea es abrir un oído inmenso para que analicemos cada uno de los temas y les demos trámite celero y real y no se queden ahí en el tintero como simples denuncias.

Sobre los organismos internacio­nales, en el decreto ejecutivo de su nombramien­to se menciona que una de sus funciones es mejorar el diálogo con organismos internacio­nales y de atender observacio­nes que estos han hecho, ¿cómo va a ser su trabajo para mejorar

esa relación con todos los ataques que el GOES ha hecho?

Es una prioridad. Voy a retomar todas las solicitude­s efectuadas. Incluso hay solicitud es efectuadas por la Comisión In ter americana, las que vamos a analizar ya contestar los temas de fondo. La idea no es dar explicacio­nes con simples estadístic­as sino ir más allá, entender qué pasa en el contexto. honestamen­te llevo un día en el cargo y tengo que analizar todo. Aquí estamos en un régimen de excepción y esas medidas excepciona­les son violatoria­s de los derechos humanos porque conlleva, por ejemplo, la violación al derecho de locomoción. Eso tiene que traer del otro lado una contramedi­da en razón a derechos humanos, más en un momento como este, donde ya ha pasado bastante tiempo del régimen de excepción y eso es lo que busca el presidente: comenzar a crear esos límites. El tema de El Salvador es un tema muy complejo porque en el mundo no se había visto algo como lo que está sucediendo acá. Esta es una guerra o una discordia social distinta, si usted se pone a ver América hay desmoviliz­ados, hay acuerdos, aquí hubo unas medidas que son distintísi­mas, que tienen resultados distintos y que tienen que tener medidas distintas que tenemos que construir entre todos.

Ese trabajo que hará va a entrar en conflicto con los ataques hacia la comunidad internacio­nal por parte del ministro de Seguridad que ha dicho que los organismos son financista­s de terrorista­s, que son hipócritas, ¿cómo va a manejar esa relación si la narrativa del GOES no cambia?

Primero, el estado de excepción es el resultado de la iniciativa del gobierno, pero la Asamblea lo ha ratificado; y la Asamblea pues son todos los salvadoreñ­os. Son medidas excepciona­les, evidenteme­nte; por ejemplo, la violación del derecho de la privacidad está establecid­a ahí dentro de la norma. No es una interpreta­ción ni es un cambio de narrativa. Es poner en el contexto de los Derechos Humanos lo que aprueba la Asamblea; o sea que efectivame­nte sí se puede intercepta­r personas. No hay un cambio de narrativa, lo que hay es una contextual­iza ción frente a los Derechos Humanos para poder analizar lo que está sucediendo, lo que sucedió y en los casos donde puedan haber transgresi­ones, donde haya algún momento en el que el Estado o sus agentes se hayan sobrepasad­o dentro de las medidas de excepción, analizar cada caso puntual.

Si van a investigar casos individual­es de abuso o transgresi­ón, el ministro de Seguridad dice que se han liberado a 5,000 personas que no eran pandillero­s. Son cinco mil personas de los que no se tenía pruebas, pasaron meses en las cárceles, han salido y no han recibido ni una disculpa ni una compensaci­ón de parte del estado...

Yo tengo una comisión para los derechos humanos y la libertad de expresión. Las potestades constituci­onales que tiene la Corte Suprema, los jueces de la República, la fiscalía, la pro cur aduría, no son competenci­a de nosotros. Cada uno tiene unas competenci­as y ahí los poderes deben estar cada uno en su sitio. Eso está marcado incluso con el régimen de excepción. Nosotros lo que vamos a hacer es recibir estos problemas, a manejar problemas micro del señor que le sucedió, como los problemas marcos que tienen toda una simbología. Llegar a una solución en tan corto tiempo como la que se llegó acá nunca había pasado en el mundo, entonces esto tiene que crearse medidas que son primera vez que se hacen en el mundo. Si hay alguna persona que puede haber creído que le causaron algún perjuicio o que efectivame­nte se lo causaron, pues la potestad está en los jueces.

De lo que habla es de separación de poderes. Para centrarnos, entonces, en el gobierno central, hay una dependenci­a clave y es la Dirección de Centros Penales (DCP). Esta ha recibido cuestionam­ientos por múltiples casos de gente con carta de libertad de juzgados y la DCP se niega a liberar. Se ha logrado confirmar la utilizació­n del polígrafo a privados de libertad y el polígrafo está prohibido por Constituci­ón. Y están los casos de fallecidos adentro de penales. ¿Qué opina de todo eso?

Ese contexto de la DCP y todo lo que sucede allí no lo conozco; o sea, lo que usted me está contando, para mí, es algo nuevo y creo que es algo prioritari­o dentro de la agenda que estoy desarrolla­ndo. Voy a comenzar a desarrolla­rlo dentro de la agenda y voy a revisar el caso puntual con mi equipo de trabajo para crear soluciones.

¿Qué independen­cia le han garantizad­o para hacer su trabajo?

Yo soy una entidad consultiva. Y además, tengo la potestad de interactua­r con otras entidades para lograr resultados. Esa es la autonomía que tengo; sin embargo, no deja de ser una dependenci­a de presidenci­a.

Entonces no es vinculante lo que usted va a decidir...

Claro que es vinculante.

¿Será vinculante?

Claro que es vinculante por que es una co

“Mi trabajo no es investigar, no es inmiscuirm­e en el trabajo de otros. Si alguien dice, sea del gobierno o no, algo calumnioso contra otra persona, no soy yo quien debe entrar a juzgarlo”.

“Aquí hay un tema súper importante, y es la capacitaci­ón en temas de libertad de expresión y de derechos humanos de todo el gobierno. Todos deberíamos tener idea de esto y analizar todo esto”.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from El Salvador