La Prensa Grafica

SISTEMAS POLÍTICOS IDÓNEOS PARA LA INFILTRACI­ÓN

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Un narcotrafi­cante que purga condena en los Estados Unidos de América se sentó ayer como testigo en una corte y afirmó que el expresiden­te hondureño Juan Orlando Hernández recibió dinero del cartel de Sinaloa para su campaña presidenci­al hace una década y que pudo mover toneladas de droga entre Honduras y Guatemala merced a la protección que compró a través de sobornos para Hernández y para otro exmandatar­io de ese país, Porfirio Lobo.

Es la más reciente de las siempre escandalos­as páginas sobre la infiltraci­ón del narcotráfi­co en la política centroamer­icana, una crónica que va desde Guatemala hasta Panamá sin ninguna excepción y sobre la cual ninguno de los Estados del istmo ha podido establecer un valladar potente por razones profundas y estructura­les.

Ya en los años noventa, con la pacificaci­ón centroamer­icana, el concepto de seguridad giró hacia cómo las endebles democracia­s de la región se enfrentarí­an al crimen organizado, a los remanentes paramilita­res dedicados al secuestro y al tráfico de armas, y al narcotráfi­co. Pero aunque las institucio­nes policiales y de investigac­ión del delito se modernizar­on en esos años, en especial en el Triángulo Norte, poco a poco fue quedando en claro que los carteles estaban explorando esa franja continenta­l, tanto los municipios agroexport­adores de la costa sur o el norte montañoso de Guatemala, territorio­s de pobre presencia estatal y con suficiente mano de obra agrícola, como las poco pobladas si no es que vírgenes costas caribeñas a lo largo de Centroamér­ica, así como la selva del Petén.

Para aumentar sus operacione­s en la zona, las organizaci­ones delincuenc­iales debieron transitar de esas regiones a las fronteras y garantizar el trasiego entre Guatemala y México, en El Trifinio y en el río San Juan por mencionarl­o rápido. Y para conseguirl­o, era menester contar con protección de autoridade­s locales o federales, con aliados entre las fuerzas del orden y con una licencia para la impunidad al nivel más alto posible. ¿Qué tanto éxito han tenido en esa estrategia? Baste decir que, según reportes del Departamen­to de Estado, el tráfico vía terrestre ha ido en aumento y Centroamér­ica se ha convertido en el principal puente para el paso de las drogas que viajan de sur a norte. Solo por el Triángulo Norte transita hasta un 80 % de la droga que viaja desde el Cono hacia Estados Unidos.

Acerca de qué tanto la infiltraci­ón del dinero narco ha permeado en los sistemas políticos de Centroamér­ica, Honduras es apenas la punta del iceberg; en varios países del istmo es obvio que la política ha servido para garantizar la corrupción y asegurar impunidad, y aún más importante, desde el Estado es posible debilitar los controles al lavado de activos de tal modo que no afecten a los grupos empresaria­les asociados con el crimen organizado.

En Honduras y en Guatemala en especial, con un signo de interrogac­ión en otros países de la zona, el tráfico de drogas es solo otro negocio que permite la acumulació­n de capital; acostumbra­das al patrimonia­lismo y a que la política lo proteja, algunas élites entendiero­n que no era necesario secuestrar o penetrar la democracia, sino solo adecuarla a un nuevo bien económico y participar en ella como póliza para la explotació­n de una nueva industria, solo que delincuenc­ial.

Juan Orlando Hernández está sentado en un juicio por que el destino de esas drogas era el territorio norteameri­cano, no por ser uno de entre la todavía incierta lista de políticos centroamer­icanos que cínicament­e rediseñaro­n políticas públicas y cincelaron institucio­nes para beneficiar al crimen organizado.

Acerca de qué tanto la infiltraci­ón del dinero narco ha permeado en los sistemas políticos de Centroamér­ica, Honduras es apenas la punta del iceberg; en varios países del istmo es obvio que la política ha servido para garantizar la corrupción y asegurar impunidad, y aún más importante, desde el Estado es posible debilitar los controles al lavado de activos de tal modo que no afecten a los grupos empresaria­les asociados con el crimen organizado.

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