CIFRA DE LIBERADOS YA SUPERA LOS 10,000, PERO NO HAY REPARACIÓN
MOVIR y organizaciones cuestionan la forma en la que se liberan a las personas durante el régimen y la falta de información oficial.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) informó que para esta semana de vacaciones cinco personas obtendrán su libertad en el centro de detención conocido como “el penalito”, ubicado en el centro de San Salvador.
De acuerdo con la información publicada por el Movir, en lo que va del año son ya 245 las personas que han obtenido su libertad, tras ser capturadas en el marco del régimen de excepción. Ellas se suman a las que organizaciones estiman han sido liberadas desde la implementación de esta medida, hace dos años.
Tanto el MOVIR como otras organizaciones de derechos humanos señalan que si bien algunas personas han salido de los centros penitenciarios, el proceso en su contra continúa, por lo que existe el temor de que puedan ser capturados nuevamente si así lo solicita la Fiscalía General de la República (FGR).
Según los datos de las autoridades de seguridad, hasta diciembre de 2022 se otorgó la libertad a 2,633 personas capturadas en el régimen. Para enero de 2023, las mismas autoridades dijeron que esa cifra ya había incrementado a 3,000 liberados y en agosto de 2023 sumaron 7,000.
Después de agosto, las autoridades no han dado más datos, pero organizaciones sociales estiman que 2023 cerró con 10,000 liberados, aunque el 80 % de ellos está con medidas sustitutivas, es decir, que esperan juicio y podrían volver a prisión según lo determine el juez.
Abogados penalistas señalaron que todas aquellas personas que sean sobreseídas, tras sus capturas en el contexto del régimen, pueden buscar reparación del Estado. Esto aplica para los casos de capturas arbitrarias, torturas y muertes en los centros penitenciarios del país.
De acuerdo con Otto Flores, abogado penalista, “la ley especifica que cuando se realizan capturas y estas son de tipo ilegal, tanto el funcionario que la hizo como aquel que tuvo que supervisar que esas capturas cumplan con los requisitos mínimos que la ley permite, si estas no se cumplen, existe una clara responsabilidad de los funcionarios públicos y subsidiariamente del Estado”.