CUESTA ARRIBA ACUERDO CON EL FMI O SUBIR CALIFICACIÓN DE RIESGO
Hay un refrán popular que dice que “nunca se puede estar tan mal, que no se pueda estar peor”. Esto aplica totalmente a las finanzas públicas salvadoreñas. Durante los últimos 15 años hemos venido advirtiendo sobre el deterioro de las finanzas públicas. Todo comenzó en abril de 2009 al final del gobierno de Tony Saca e inicio del gobierno de Mauricio Funes, cuando el país perdió la calificación de riesgo de grado de inversión, que le había otorgado Moody’s desde julio de 1997 y que solo la teníamos Chile, El Salvador, y brevemente México entre 2000 y 2002, en América Latina.
La crisis financiera internacional tuvo mucho que ver con la pérdida del grado de inversión del país, pero se esperaba que se iba a poder recuperar en los siguientes años. Eso nunca ocurrió porque tanto los gobiernos de Mauricio Funes como de Salvador Sánchez Cerén gastaron a manos llenas, endeudaron al gobierno y hasta hubo un impago en abril de 2017. Durante la administración actual la calificación de deuda se siguió deteriorando y ahora estamos en Caa3 de Moody’s, CCC+ de Fitch Ratings y B- de Standard & Poor’s.
El gobierno emitió la semana pasada la deuda más cara en la historia post dolarización del país. La tasa de interés que va a pagar sobre los $1,000 emitidos será inicialmente de 12 % y podría subir 4 puntos porcentuales en 2026, si no cumple con haber firmado un acuerdo con el FMI o haber elevado la calificación de riesgo a niveles de “B”. Si el gobierno hubiera firmado un acuerdo con el FMI entre 2021 y 2023, hubiera podido conseguir dinero con intereses muy bajos del FMI y acceso al mercado internacional a tasas interés menores al 8 %, como lo han logrado varios países de Centroamérica recientemente.
Durante la presente administración, el gobierno ha incrementado la deuda de manera astronómica llegando a $29,994 millones a febrero de 2024, equivaliendo a 88.2 % del PIB de 2023. Si se compara con Guatemala que tiene una deuda de 16 % del PIB pues eso explica por qué Guatemala tiene una calificación de riesgo mejor que la nuestra de “BB” y si emite deuda lo puede hacer a una tasa de 2 % por arriba del bono de 10 años de Estados Unidos de 4.65 % y El Salvador tiene que pagar un sobreprecio real de 7.35 %. Es decir que Guatemala puede emitir a una tasa de interés de 6.65 %, lo que a El Salvador le cuesta 12 %.
Sobre las posibilidades de que El Salvador evite que le suban el costo a 16 % en 2026 o que logre un acuerdo con el FMI, se ve cada vez más remoto considerando las cifras económicas y fiscales de este primer trimestre de 2024. El resumen es que la economía se ha desacelerado fuertemente; las remesas familiares cayeron en -1 %, las exportaciones de bienes cayeron en -13.7 %, las importaciones cayeron en -4.5 %; el déficit comercial subió en 3.1 %; la recaudación de impuestos de febrero creció solo 1.7 % y la de marzo cayó en -2.3 %. El déficit fiscal de 2023 incluyendo pensiones fue de casi $2,100 millones (6.1 % del PIB) y el gobierno debe más de $1,000 millones a diferentes personas, empresas y entidades de gobierno. Es decir que los $400 millones que le quedaron de la misión de $1,000 millones no le alcanzarán para pagar lo atrasado, por no decir para financiar el déficit de 2024.
Lo anterior indica que si la tendencia sigue como va, la economía podría crecer menos del 2 % este año; los ingresos tributarios crecerán poco; la inflación subirá por los ajustes de precios en los combustibles, la energía eléctrica y otros rubros; y el empleo se verá afectado por la caída en las exportaciones e importaciones. Ante este panorama y sin la intención de eliminar el bitcóin como moneda de curso legal, las posibilidades de un acuerdo con el FMI y de una reducción importante del déficit fiscal son básicamente nulas y eso podría conducir a no cumplir con las condiciones estipuladas en la emisión del bono.
Aunque siempre podemos estar peor antes de tocar fondo, esperemos que el gobierno entienda la magnitud del problema en el que está y que corrija el camino, por el bien del país.