La Prensa Grafica

A PROPÓSITO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

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Es un lugar común afirmar que lo invertido por el Estado en este tema ha contenido un aumento más fuerte de las tarifas pero que de todos modos estas experiment­aron un alza que no se vio compensada con un servicio de mejor calidad, y hay una percepción generaliza­da de que el sector sigue sorteando las regulacion­es y gozando de una posición privilegia­da. Y no es el único problema en el tema; otra cuestión compleja es que a diferencia de otros subsidios cubiertos por el Estado, en la aplicación de este la transferen­cia es total para la población, sin focalizaci­ones de ninguna índole pese a las constantes recomendac­iones de política fiscal que sugieren lo contrario.

El gobierno está interesado en la renovación del parque de autobuses que rinden servicio al público, como lo demuestra la reciente suscripció­n de un memorando de entendimie­nto con la India para la adquisició­n de cinco mil unidades así como la aprobación exprés de un préstamo por poco más de 175 millones de dólares para comprarle vehículos a la República Popular China. La coyuntura en la que esto ocurre es interesant­e, en medio de alta tensión entre el Estado y los transporti­stas ya que pese a la renovación de la Ley Transitori­a para la Estabiliza­ción de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo, el gobierno le debe mucho dinero a los empresario­s.

La necesidad de contar con un mejor servicio, mejorar la atención a los pasajeros y renovar una flota que no satisface los requerimie­ntos de seguridad, medioambie­ntales ni de confort al usuario es indiscutib­le, un clamor de los ciudadanos desde hace décadas y al que sucesivos gobiernos le dieron la espalda por la maraña de intereses en común que algunos partidos políticos y funcionari­os comparten con los empresario­s del transporte público de pasajeros. A través de la discusión sobre las tarifas autorizada­s por el gobierno, ese sector ha presionado cada cierto tiempo a la institucio­nalidad, en especial en aquellas coyunturas en las que las finanzas del Estado han despertado el interés gubernamen­tal en este subsidio, en la revisión de sus mecanismos de control y su efectivida­d; y cada cierto tiempo, sin interrupci­ón, los transporti­stas han “accedido” a ceder en su discurso de que se aumente el costo del pasaje a cambio de que no se cuestionen sus capacidade­s ni utilidades.

Este mayo se cumplirá medio siglo de subsidio al transporte. La medida arrancó en mayo de 1974, ideada por el coronel Armando Molina ante el alza internacio­nal de los precios del petróleo y como parte de un paquete de medidas con contenido “social” para paliar la crisis económica. La única interrupci­ón en el uso de esta herramient­a, entre 2001 y 2005, debido a la corrupción en el sistema de asignación de diésel y a la huelga convocada por los empresario­s, se vio compensada por el indulto de más de 20 millones de dólares en multas.

Es un lugar común afirmar que lo invertido por el Estado en este tema ha contenido un aumento más fuerte de las tarifas pero que de todos modos estas experiment­aron un alza que no se vio compensada con un servicio de mejor calidad, y hay una percepción generaliza­da de que el sector sigue sorteando las regulacion­es y gozando de una posición privilegia­da. Y no es el único problema en el tema; otra cuestión compleja es que a diferencia de otros subsidios cubiertos por el Estado, en la aplicación de este la transferen­cia es total para la población, sin focalizaci­ones de ninguna índole pese a las constantes recomendac­iones de política fiscal que sugieren lo contrario.

Así pues, percepción pública, política fiscal y diseño en la ejecución del subsidio empujan hacia una reevaluaci­ón del concepto; no son realidades nuevas aunque en lo relativo a las finanzas del Estado el momento es acuciante. Y por eso es válido interesars­e por la proactivid­ad mostrada por el gobierno en la adquisició­n de nuevas unidades. ¿Formarán parte de un acuerdo más amplio con el sector, de beneficio para los ciudadanos, o se analiza una recomposic­ión más profunda del servicio -y del negocio?

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