EL COSTO DE PORTARNOS MAL
Mauricio Silva / Presidente de FUDECSO
El costo del dinero que prestamos depende de varios factores, tres claves son: nuestra clasificación crediticia, la garantía que otorgamos y de quién prestamos. El país está muy mal en los dos primeros. Por tanto, hemos tenido que acudir a fuentes comerciales que al medir ese riesgo nos cobran caro, muy caro. La calificación crediticia del país es de las más bajas, la más baja de Centroamérica. Esas calificaciones son como en algunos colegios, A la más alta y D ya son “bonos basura” que les llaman. El Salvador tiene una calificación que varía dependiendo quien la da, pero ahora está en alguna variación de C, “siete grados debajo de grado de inversión”. O sea, para atraer inversiones extranjeras según las calificadoras, deberíamos mejorar la nota en siete grados.
Esa baja calificación se da entre varias razones por la deuda tan alta que tenemos, más del 85 % de lo que producimos
(PIB); porque cada año el gobierno gasta más de lo que recibe; porque tenemos como moneda no regulada el bitcóin; porque no existe una planificación ni transparencia en las finanzas públicas; porque el prestigio del país en temas claves como democracia, transparencia, derechos humanos, es bajo. La garantía que da el gobierno a los que le prestan plata es “la garantía soberana”, o sea, el compromiso legal del Estado de pagar. Sin embargo, la garantía que otorga un gobierno cuyas finanzas tienen las características ya descritas, un gobierno que “se porta mal”, vale poco.
Los países tienen varias fuentes potenciales donde buscar financiamiento. Las primeras son las donaciones, generalmente de países amigos, eso a través de los tiempos es muy poco comparado con las necesidades y han bajado en los últimos años de nuevo porque el gobierno ha ido perdiendo credibilidad con otros países. Las segundas son las fuentes multilaterales, estas cobran ahora entre 4 % y 7 %, pero las principales de ellas generalmente tienen como condición un acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno tiene tres años de estar buscando ese acuerdo, y el Fondo siempre le contesta: arregle sus finanzas, o por lo menos comprométase a un plan para hacerlo, y elimine el bitcóin como moneda legal o regúlelo para asegurar que no será usado para fines no claros.
La siguiente fuente es la banca nacional, ella se ha visto forzada a prestarle al gobierno a una tasa alrededor del 7 %, pero allí el Gobierno ya topó su crédito, y forzarla más es ponerla en riesgo alto. Al írsele cerrando las fuentes al Gobierno obligó a que las instituciones que manejan los fondos de pensiones, fondos que son de los contribuyentes, le prestaran, y que le prestaran en condiciones muy buenas para el gobierno y malas para los ahorrantes.
Le quedaba al gobierno la banca privada internacional, Wall Street. Ellos estaban dispuestos a prestarle porque ese es su negocio y porque esa deuda tiene prioridad a la hora que el país la tenga que pagar, si no la paga, nadie más nos presta. Pero Wall Street le presta al país evaluando los riesgos que prestarle a un gobierno con poca credibilidad a nivel internacional y mala calificación conlleva. Eso llevó a que el gobierno pagara entre 12 % y 16 % por la plata que acaba de prestar. Muy por encima de los otros países centroamericanos. Eso cuando se habla de los miles de millones que presta un país es mucha plata y el ciudadano paga un alto precio por ello (artículo, El costo insólito de la deuda, LPG, 16 de abril, 2024). Solo un ejemplo, la diferencia entre prestar los mil millones en Wall Street –como recientemente hicimos–, o de la banca multilateral, es de por lo menos unos $80 millones por año.
Conclusión, necesitamos un gobierno que deje de portarse mal, para poder bajar los costos de la inflación, de la deuda, para atraer inversión, para que los salvadoreños podamos restablecer la esperanza y tener fe en un mejor futuro.