Madrid y Barcelona: dos maneras opuestas de controlar el fenómeno Airbnb
Madrid et Barcelone : deux manières opposées de maîtriser le phénomène Airbnb
Face aux excès du phénomène Airbnb, Madrid et Barcelone ont répondu différemment.
Le géant de l’hébergement Airbnb fête cette année ses dix ans et se trouve confronté à de nombreux problèmes. Notamment en Espagne, où plusieurs municipalités ont haussé le ton face à la plateforme collaborative américaine. Ainsi Madrid et Barcelone ont adopté deux stratégies différentes face aux excès du phénomène Airbnb. Décryptage à quelques jours du salon mondial du tourisme à Paris…
Airbnb se ha convertido en el enemigo público número uno de Madrid y Barcelona. Lo que empezó siendo una aventura romántica de unos cuantos ciudadanos que alquilaban sus casas a través de la plataforma para sacarse unos ahorrillos a final de mes ha evolucionado hacia un negocio especulativo gestio- nado por grandes fondos que ha roto el clima de convivencia entre vecinos y turistas en el centro de las ciudades. Lo que comenzó siendo un fenómeno minoritario ha mutado en otro de masas. El portal Airbnb Inside, uno de los más fiables a la hora de valorar el número de inmuebles que están registrados en el centro de Madrid, calcula que solo en Madrid hay más de 13 000 viviendas alquiladas a través de esta plataforma y que el número en Barcelona es todavía mayor (18 000).
2. La manera de afrontar este fenómeno es radicalmente diferente. Cataluña fue pionera a la hora de detectar el problema del turismo masivo y de tratar de poner freno a sus consecuencias (ausencia de oferta, precios desorbitados o incremento del gasto en servicios). Fue la primera autonomía que puso en marcha una tasa turística en 2012 (en la actualidad recauda 2,5 euros por cada estancia en un hotel de cinco estrellas o en una vivienda de uso turístico en Barcelona) para obtener fondos con los que hacer frente al sobrecoste derivado de la llegada masiva de turistas. Una medida enfocada hacia Barcelona, que recibe el grueso del turismo de Cataluña. Esta comunidad es la más visitada de España, con 19 millones de turistas extranjeros en 2017, un 23,2 % del total.
3. El ayuntamiento de Barcelona también fue pionero a la hora de establecer una moratoria hotelera, que impedía la construcción de nuevos alojamientos. Esa norma se mantuvo en 2015 y 2016 hasta que en enero de 2017 entró en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos
Turísticos de Barcelona (PEUAT). Ese plan dividía la ciudad en cuatro zonas concéntricas. En la zona 1, que recogía los barrios del centro, no se concedían licencias; en la zona 2 solo se otorgaban si otro proyecto cesaba previamente, y las zonas 3 y 4, en el extrarradio, crecerían con límites.
4. Esa política de mano dura es la que ha llevado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con Airbnb, que solo en esa ciudad cuenta con una oferta de 18 000 pisos. A diferencia de Madrid, los diagnósticos de la comunidad autónoma y del ayuntamiento (pese a estar dirigidos por formaciones políticas diferentes) sí coinciden. La norma autonómica obliga a los propietarios que alquilen casas para turistas a disponer de un número de registro (Madrid no lo exige) para que entren dentro de un censo oficial y que al mismo tiempo estén obligados a pagar la tasa turística, en vigor desde 2012. En paralelo, el ayuntamiento puso en marcha un plan de choque en 2016, combinando inspecciones masivas para detectar pisos ilegales y la imposición de sanciones, tanto a los propietarios de las viviendas de uso turísticas como a las plataformas que los anunciaban.
5. El primer balance de ese plan de choque (de julio de 2016 a julio de 2017) muestra que en ese período se abrieron 6197 expedientes (el doble que en los dos años y medio anteriores), se impusieron 3473 sanciones y se ordenó el cierre de
2332 pisos ilegales.
6. En este cambio de actitud ha tenido un peso definitivo la firmeza del ayuntamiento contra las viviendas ilegales. Colau impuso a finales de 2016 una sanción de 600 000 euros a Airbnb, ante la falta de colaboración para legalizar su oferta y, en verano de 2017, amenazó con imponer otra multa de la misma cuantía si seguía sin adecuarse a lo que se le pedía.
7. Otro factor que muestra el compromiso de Barcelona contra la oferta irregular de pisos turísticos es la creación de la figura del “visualizador” en el plan de choque. En el primer año había 20 visualizadores y en el segundo hay 40. Estas personas realizan un trabajo previo al de los inspectores y se encargan de comprobar in situ si las direcciones de las viviendas corresponden con las reales y de realizar entrevistas con los turistas para conocer posibles fraudes. En tres meses han realizado 3300 búsquedas por internet y 1157 visitas a pie de calle, que han permitido identificar 630 pisos ilegales, a los que se multará con 60 000 euros si no son retirados de la plataforma. 8. En el otro lado aparece Madrid, donde la discrepancia política ha evitado la aplicación de medidas de calado. La Comunidad de Madrid está presidida por la popular Cristina Cifuentes y el Ayuntamiento de Madrid lo dirige Manuela Carmena, de Ahora Madrid con el apoyo del PSOE. Las diferencias políticas han sido determinantes para que el fenómeno de los pisos para turistas le haya explotado a ambas administraciones en las manos. El ayuntamiento es el que cuenta con las competencias urbanísticas y la comunidad con las turísticas.
9. El portal Airbnb Inside, uno de los más fiables a la hora de valorar el número de inmuebles que están registrados en el centro de Madrid, calcula que en la actualidad hay más de 13 000 viviendas alquiladas a través de esta plataforma (los hoteleros lo elevan a 20 000) y las asociaciones de vecinos del centro se han levantado contra la falta de control de este fenómeno.
10. Fuentes de la Comunidad de Madrid apuntan que se busca un “texto garantista” que tenga en cuenta el criterio de libertad para la economía colaborativa defendido desde la Comisión Europea y que valore las sentencias judiciales en contra. El diagnóstico del ayuntamiento es radicalmente diferente. En primer lugar, consideran que los pisos turísticos sí son un problema y que es necesario limitarlos. En esta línea encaja la moratoria establecida de forma temporal. Hasta que la nueva norma autonómica no entre en vigor, el ayuntamiento prohibirá la conversión de suelo terciario en residencial en el centro.
Airbnb se ha convertido en el enemigo público número uno de Madrid y Barcelona.