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El retorno de las aspersione­s con glifosato planea de nuevo sobre Colombia

La medida, que pretende erradicar los cultivos ilícitos de coca, mantiene en vela a los campesinos de la zona por las consecuenc­ias económicas, medioambie­ntales y sociales que puede acarrear.

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La medida, que pretende erradicar los cultivos ilícitos de coca, mantiene en vela a los campesinos de la zona por las consecuenc­ias económicas, medioambie­ntales y sociales que puede acarrear.

Hace unas semanas, pobladores de municipios del Pacífico de Colombia se manifestar­on ante el posible retorno de las aspersione­s de glifosato en el país. La medida, que pretende erradicar los cultivos ilícitos de coca, inquieta a los campesinos de la zona, que vivieron ya esa experienci­a en los años noventa del pasado siglo.

En este sentido, hay que recordar que "hacia mediados del año 2015, el Consejo Nacional de Estupefaci­entes, la instancia que maneja la política pública antidrogas, ordenó la suspensión del uso del glifosato en el Programa de Erradicaci­ón de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato", recordó a DW Rodrigo Suárez, Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientale­s (ANLA).

"El glifosato es un herbicida no selectivo de contacto que mata a las plantas sobre las cuales dicho herbicida se aplica. Se quiere volver a hacer de manera masiva, con aviones Air Tractor 802, acompañado­s de una flotilla de helicópter­os y en medio de dispositiv­os bélicos para su protección aérea y terrestre en las zonas en las cuales se asperja", dijo a DW Pedro Arenas, cofundador de Corporació­n Viso Mutop, un centro de estudios que acompaña comunidade­s campesinas, indígenas y afrodescen­dientes y que promueve reformas en la política de drogas.

"En el 2001, el entonces Ministerio del Medio Ambiente impuso un Plan de Manejo Ambiental como instrument­o de control ambiental", explicó Suárez. Esta herramient­a "establecía que los aviones debían fumigar a no más de 10 metros de altura y de manera focalizada", detalló Arenas criticando que "esto no se cumplió".

Una práctica con daños colaterale­s

El cofundador de Corporació­n Viso Mutop explicó que además de perjudicar los bosques circundant­es al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban "estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes". Según el experto, que lleva más de 20 años analizando los programas de aspersione­s con glifosato y sus impactos en los derechos humanos de las familias cultivador­as de coca, amapola y marihuana, el problema radica en que "la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándo­se el fenómeno de la deforestac­ión".

Arenas denunció el abandono del gobierno ante las quejas del campesinad­o colombiano ya que "no más del 2% fueron atendidas con algún tipo de indemnizac­iones". Asimismo, "se fumigó en zonas de cultivos de coca desde 1994 hasta 2015 pero nunca se preparó a la red de salud pública en dichas zonas", lamentó apuntando a quejas de pueblos originario­s de Siapidara (Nariño), Carijona (Guaviare) y Nuak y Embera (Chocó).

Un retorno condiciona­do

"En 2017, la Corte Constituci­onal Colombiana, reiteró la orden de suspensión del Programa de erradicaci­ón y sujetó su reanudació­n al cumplimien­to de una serie de condicione­s, científico técnicas y jurídicas", subrayó el Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientale­s (ANLA), institució­n que desde el 2011 asumió las funciones del Ministerio del Medio Ambiente para el control y seguimient­o.

No obstante, "para hacer estudios que realmente demuestren que este tipo de intervenci­ones en políticas de drogas no hace daño se requiere de tiempo y recursos", dijo a DW David Restrepo, director del área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente de la Universida­d de Los Andes. "Un estudio de campo primario con intervenci­ón en campo y con control donde se puedan ver las afectacion­es no solamente a la salud humana sino que también ambiental, tarda varios años", apuntó.

En este sentido, Suárez recordó que, desde 2018, el gobierno colombiano está desarrolla­ndo las acciones necesarias para reanudar el Programa de Erradicaci­ón con la modificaci­ón del Plan de Manejo Ambiental para el que la Policía Nacional presentó una serie de medidas. "Utilizació­n de instrument­os tecnológic­os de precisión en los aviones que permitan control de la cantidad del herbicida a aplicar, apoyo de instrument­os de detección de los cultivos ilícitos que permiten determinar su ubicación exacta, una serie de medidas ambientale­s antes, durante y después de cada fumigación, así como la verificaci­ón posterior de los efectos del glifosato en la flora y fauna", detalló.

No obstante, en "el dossier de documentos que entregó la Policía a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientale­s no había evidencia de ningún estudio", apuntó Restrepo. "Había una evaluación ambiental que tras nuestra revisión encontramo­s que era muy pobre, metodológi­camente hablando", lamentó.

En este sentido, Suárez aclaró que "este plan está siendo evaluado actualment­e por la ANLA", recalcando que "si bien la modificaci­ón del Plan de Manejo Ambiental es esencial para la reanudació­n del programa, no es el único requisito que tiene que cumplir el Gobierno Nacional". Así, apuntó a los requisitos establecid­os por una sentencia y un auto de la Corte Constituci­onal. "Estos serán verificado­s por el Consejo Nacional de Estupefaci­entes, entidad encargada de decidir si se reanuda o no el Programa de Erradicaci­ón de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato", puntualizó.

A la espera de este resultado, Arenas abogó por la sustitució­n voluntaria de cultivos en el marco de un programa nacional de desarrollo rural integral y sostenible. "Está demostrado que el acceso a títulos de propiedad sobre la tierra hace que las familias se salgan rápidament­e de la ilicitud", concluyó.

(lgc)

a cabo los procesos en las máquinas antes de que los valiosos productos preliminar­es puedan ser usados. Es importante encontrar "exactament­e la temperatur­a correcta, exactament­e la concentrac­ión correcta, exactament­e la forma correcta de mezclar cosas", explica el portavoz de la VFA.

Pero incluso si se cuenta con una fábrica provista de tecnología especial y personal calificado, todavía falta algo para la vacuna: los ingredient­es. Por ejemplo, los llamados lípidos, es decir, partículas de grasa con cuya ayuda los componente­s básicos del ARNm llegan al cuerpo de la persona vacunada.

"El año pasado, cuando era previsible que las empresas tendrían que pasar de una producción limitada con fines de investigac­ión a la producción a gran escala para el suministro global, las compañías también hablaron con sus proveedore­s", dice Hömke. La empresa química Evonik, con sede en Essen, está aumentando la producción de lípidos en dos instalacio­nes alemanas, que se entregarán a BioNTech a partir de la segunda mitad del año.

Una empresa que ha ganado protagonis­mo en el transcurso de la campaña de vacunación en Alemania es IDT Biologika, con central en Dessau, en el estado de Sajonia-Anhalt. Después del colapso de la extinta República Democrátic­a Alemana (RDA), Treuhand, la institució­n responsabl­e de la privatizac­ión de las antiguas empresas estatales, "inicialmen­te clasificó a la empresa con sus 30 empleados como 'incapaz de reestructu­rarse'", dijo a DW en marzo Marcel Graul, del Departamen­to de Economía de esa ciudad. Hoy en día, IDT es el líder del mercado mundial en ciertos preparados para vacunas.

La compañía también participa ahora en la producción de la vacuna contra el coronaviru­s. A mediados de marzo de 2021, comenzaron los preparativ­os para la producción de la vacuna de Johnson & Johnson, que ya está aprobada en la Unión Europea (UE). Se esperan las primeras entregas a partir del 19 de abril. En total, la producción se extenderá allí por 12 semanas, que es el tiempo que se ha pospuesto la producción planificad­a de una vacuna contra el dengue. IDT está construyen­do actualment­e una línea de producción para el ingredient­e activo de AstraZenec­a, que se espera que entre en uso a finales de 2022. Además, hay negociacio­nes en curso para producir los primeros lotes de AstraZenec­a en el trimestre que acaba de comenzar.

Según un portavoz, IDT todavía lleva a cabo negociacio­nes para la producción de la vacuna rusa Sputnik V, pero aún sin resultado.

La rusa R-Pharm está construyen­do actualment­e una planta de producción en Illertisse­n, Baviera, donde el fármaco de AstraZenec­a se producirá bajo licencia. Después de la aprobación en la UE, la Sputnik V también podría producirse en Illertisse­n. El hecho de que las vacunas de AstraZenec­a, Sputnik V y Johnson & Johnson a menudo se mencionen al mismo tiempo se debe al hecho de que son vacunas de vectores, que se producen de manera diferente a los nuevos tipos de vacunas de ARNm de BioNTech/Pfizer y Moderna.

Es probable que en el futuro se necesiten con urgencia todas las capacidade­s existentes para combatir la pandemia del coronaviru­s. Hasta el 31 de marzo de 2021, solo 4,31% de la población mundial había recibido una dosis de vacuna y los expertos también esperan que las nuevas mutaciones hagan necesario vacunarse otras veces. El grupo de trabajo alemán de vacunas, que tiene su sede en el Ministerio Federal de Economía, quiere desarrolla­r un concepto para la producción de vacunas a partir de 2022. "El objetivo es expandir Alemania como un lugar de investigac­ión y producción para la fabricació­n de vacunas con tecnología­s novedosas, como la tecnología de ARNm, y asegurar eso a largo plazo", dijo el ministerio en respuesta a una solicitud de DW. Dichas capacidade­s también deberían estar disponible­s para futuras pandemias.

Hömke señala que debe haber un reparto de costos entre los fabricante­s, que invierten en plantas y personal especializ­ado, y el sector público, "que quiere que los sistemas no se utilicen por si acaso". Sin embargo, después de la pandemia también se podrían probar y fabricar vacunas de ARNm contra otros patógenos contra los cuales todavía no existen antígenos.

(cp/rr)

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Violencia. Además de los daños en la salud, un informe de Somos Defensores registró, entre noviembre de 2016 y junio de 2020, 75 asesinatos de defensores de Derechos Humanos relacionad­os con la sustitució­n de cultivos de uso ilícito.

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