Privados de libertad recibirán apoyo jurídico
Miles de presos no cuentan con apoyo legal y el sistema penitenciario carece de proyectos de reinserción
Miembros de la Unidad de Género y la Dirección Nacional de la Defensa Pública visitaron recientemente el Instituto Penitenciario Marco Aurelio Soto, en el Valle de Amarateca, para determinar las necesidades en materia técnico-jurídico que ocupan las personas privadas de libertad.
Esta actividad se realizó en el marco de la Comisión Judicial de Acceso a la Justicia como instrumento para atender a todas las personas y en especial quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en circunstancias particulares con barreras y limitaciones para acceder a los servicios de justicia.
Los objetivos principales de la comisión fueron: verificar las condiciones en las cuales se encuentran los presos en los centros penitenciarios de Támara y centros de internamiento de menores infractores.
Asimismo se persigue capacitar a los privados de libertad en aspectos jurídicos relevantes en el proceso penal y el papel que realiza la Defensa Pública en materia de representación legal, género y derechos humanos.
Otro de los objetivos es dar el seguimiento adecuado a los proyectos de reinserción laboral, a los grupos doblemente vulnerables como: transgénero y adultos mayores, en los cuales la Comisión de Acceso a la Justicia verificará cuales son los avances y necesidades de los mismos. De igual forma se pretende capacitar al personal penitenciario en materia técnico jurídico.
Posteriormente se realizarán visitas a otros centros penitenciarios a nivel nacional, con el fin de dar cobertura a toda la población privada de libertad en condiciones de vulnerabilidad, anunciaron las autoridades judiciales. Honduras cuentas con 24 centros penales, donde están recluidas unas 14 mil personas