Depuradora pide al CN las reformas penales
La Comisión Especial de Depuración de la Policía insta a los diputados del Congreso Nacional a generar un espacio de diálogo y consenso frente a la vorágine de violencia que golpea al país y cuestiona el manoseo político. La cámara legislativa sesionará l
Aunque todavía no se han logrado consensos entre todas las bancadas, donde una mantiene su posición de férreo rechazo, el paquete de reformas penales sería aprobado en la Cámara Legislativa con 65 votos a favor, es decir, lo que se conoce como mayoría simple. Ese sería uno de los escenarios más factibles a darse el próximo martes cuando el dictamen de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad sea sometido a discusión ante el pleno de diputados en tercer y último debate. El Partido Nacional cuenta con 51 diputados, los cuales votarían favorablemente de manera unánime en todos los artículos que posee este proyecto de decreto enviado al CN por el Poder Ejecutivo. A la postura oficialista se unirían los cinco diputado s que integran la banca da del novel partido Va Movimiento Solidario( Vamos ), que lidera Augusto Cruz Asensio, y el único parlamentario de la Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, donde ambos fungen como directivos del Poder Legislativo. Una decena de sufragios necesitarían los cachurecos para alcanzar el mínimo requerido para la admisión de esta iniciativa de ley, los cuales podrían lograrse de congresistas disidentes del Partido Anticorrupción (Pac) y otra parte del Partido Liberal, con quienes se está en cabildeos para conseguir su respaldo durante el debate de la próxima semana.
Una bancada independiente se había creado en el hemiciclo, en la cual al final solo quedó el parlamentario José Omar Rodríguez, que se sumaría a la iniciativa, incluyendo el voto de Jaime Villegas, excongresista del Pac, quien siempre permanece en la misma curul, pero sin pertenecer a esta organización. Un conjunto de enmiendas a ocho normativas vigentes en materia de seguridad remitió el gobierno al Congreso el pasado 4 de enero, para endurecer penas por los delitos de extorsión y terrorismo.
Otros escenarios
Pese a los reiterados llamados del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a los diputados para aprobar de una vez por todas las reformas también existe la posibilidad de que no ajusten los votos en pro y sean más en contra al no cumplir con los cambios sugeridos en algunos apartados por el PL, particularmente en la reforma al artículo 335 del Código Penal contentivo del delito de terrorismo. Si este panorama se convierte en realidad, el polémico paquete de reformas quedaría descartado y no se podría volver a someter a discusión durante esta legislatura, teniendo que esperar hasta la conformación del nuevo Congreso Nacional que será electo por el período 2018 al 2022. Tampoco se descarta que los 29 parlamentarios propietarios del partido Libertad y Refundación (Libre) no acudan a la convocatoria de reanudación de sesiones, a excepción de Rasel Tomé, quien fue parte de la comisión especial nombrada para realizar el dictamen y ha sido delegado para darle lectura a un voto particular. Otro escenario, que es el menos probable, sería que no se cuente con el quórum por la inasistencia de congresistas, pero los tres partidos políticos con más representatividad en el CN sí atenderán el llamado de la Junta Directiva. “Se los he dicho -a los diputados- de la manera respetuosa que hagamos el esfuerzo de dejar al margen los aspectos políticos electorales porque a final de cuentas no deja réditos, el delincuente organizado y criminal no le pregunta a la gente de qué color es su ideología y lo extorsiona, asesina, genera terror sin más causa que lograr dinero fácil”, afirmó Mauricio Oliva.
Iglesias, organizaciones de jóvenes, patronatos, ganaderos, académicos y hasta los depuradores demandaron ayer la pronta aprobación de las reformas penales para hacerle frente a la escalada de violencia en el país