Cárcel de 4 a 8 años por apología al terrorismo
reformas penales aprobadas el martes sufrieron una reconsideración y ahora se prohíbe promover públicamente los actos terroristas
Aprobadas todas las reformas penales. en la reconsideración al acta, esta vez los ausentes no fueron los liberales sino que los diputados de Libre. el congreso aprobó cárcel para quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltezca o justifique el terrorismo, o para quienes hayan participado en su ejecución, inciten a otros a cometerlo o den financiamiento.
En dos actas se ratificaron ayer los once artículos del paquete de reformas penales en el Congreso Nacional, donde los votos en contra del partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Anticorrupción (Pac) no fueron suficientes para impedir su aprobación.
Las dos disposiciones aprobadas en la sesión ordinaria del martes quedaron firmes, las cuales tienen relación con los delitos de extorsión y terrorismo estipulados en el Código Penal.
Sin embargo, el jefe de bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, presentó una reconsideración para agregar un nuevo inciso al artículo 335 en donde se especifican penas de cuatro a ocho años para quienes hagan apología e incitación de actos de terrorismo de forma pública, empleando los me- dios de comunicación o difusión. “Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento a este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”, subraya el literal que fue aprobado con más de 60 votos en la Cámara Legislativa.
El diputado aseguró que este agregado no coarta la libertad de expresión, sino que pretende castigar a las personas o miembros que pertenezcan a asociaciones ilícitas e inducen a actos delictivos como la quema de un automotor o establecimiento comercial, por lo que ahora serán acusados de terrorismo.
Al momento de reanudar la sesión de ayer, la Junta Directiva del CN procedió a ratificar el acta de la pasada reunión en la que se sometió a discusión en tercer y último debate el dictamen de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.
La mayoría de congresistas de Libre no se encontraban en ese instante en la Cámara Legislativa por lo que no pudieron manifestar su rechazo.
Por tal razón, los diputados de la bancada del Partido Liberal pidieron que se suspendiera la sesión, pero esta siguió su curso normal.
Los liberales no se abstuvieron de votar, pero no lo hicieron en una sola vía, ya que unos marcaron a favor y otros en contra durante el debate.
Los nueve artículos que hacían falta del conjunto de modificaciones a ocho normativas vigentes prosiguió bajo señalamientos entre fuerzas políticas e irregularidades en la proyección de las votaciones.
Por corrupción
Además, la información efectiva brindada por crímenes de corrupción ahora tendrá su remuneración.
El artículo 2A de la Ley de Recompensas sufrió una adición con base en una moción presentada por el diputado de Libertad y Refundación, Rasel Tomé.
Aunque el partido de izquierda mantuvo su posición de votar en contra de estas reformas, en materia de seguridad en esta disposición hicieron una excepción. Al final, fue admitida con 119 sufragios.
Lo contradictorio es que a la hora de someter a votación este artículo, el sufragio de varios congresistas de Libre fue en contra, lo que fue calificado por los nacionalistas como un doble discurso.
Entretanto, el jefe de bancada de Libre, Manuel Zelaya Rosales, anunció que acudirá a interponer este día un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de las reformas penales. Sostiene que este paquete criminaliza la protesta pública, dándole licencia para matar a policías y militares.
El exgobernante también presentó una moción para que la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) sea una dependencia del Ministerio Público (MP) y no del Consejo de Seguridad y Defensa.
Al someterla a consulta ante el pleno de diputados no se tomó en consideración.
La creación de la UIC está estipulada en la reforma al artículo 33 de la Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas.
Desconcentrado
En el caso de la enmienda al Instituto Nacional Penitenciario (INP) este quedó como un organismo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y no como estaba estipulado en la última versión del dictamen.
Así lo dio a conocer el titular de la comisión dictaminadora, Tomás Zambrano, como una propuesta de redacción en la que solo se modificó la figura.
La enmienda del artículo 7 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional es la única que requería de 86 votos por si quedaba como un ente autónomo, pero al final pasó con mayoría simple.
Un promedio de más de 65 votos a favor obtuvieron las enmiendas que se terminaron de aprobar ayer con la excepción de que en varias de las votaciones no se hicieron
públicos los resultados.
Al filo del mediodía se admitió la totalidad de los artículos de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, por lo que se suspendió la sesión.
Al cabo de un receso de tres horas se procedió a leer y admitir la otra acta con 68 votos a favor y 38 en contra de 110 diputados que estaban presentes en el hemiciclo.
Los diputados nacionalistas confían que el presidente Juan Orlando Hernández sancione lo más rápido posible este conjunto de reformas para que sean publicadas en el diario oficial La Gaceta.
El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, advirtió que si estas enmiendas vulneran derechos humanos estarán sujetas a recursos de inconstitucionalidad