Corrupción pública en Honduras
Las irregularidades cometidas por un alto funcionario de la Secretaría de Salud para beneficiar a una asistente fueron denunciadas esta semana por EL HERALDO. Se trata de una de las muchas formas de la corrupción que hay en las instituciones del Estado.
El servidor público en cuestión favoreció a su subordinada con el pago de horas extras y la exoneración para marcar las horas de ingreso y salida, además de aprobar la contratación de la progenitora de dicha empleada, que ostenta el cargo de asistente administrativo. El caso podría considerarse nimio en comparación con otros actos de corrupción, pero es sintomático de lo que ocurre en muchas dependencias estatales, donde la rendición de cuentas y transparencia son una falacia.
Según la última evaluación de Transparencia Internacional, Honduras retrocedió once escalones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en comparación a 2015. La corrupción en el sector público continúa siendo el mayor problema de nuestro país, ya que no solo afecta todos los derechos humanos, sino que también la democracia y la institucionalidad, en las cuales los hondureños hemos depositado nuestra confianza.
La corrupción debe ser vista, ni más ni menos, como un delito de traición a la patria que debe ser perseguido y castigado. Sin embargo, adolecemos de serias deficiencias en el combate de este flagelo debido a que se ha arraigado también en los entes que debieran luchar en su contra. Por eso es tan vital la independencia de los poderes del Estado, como sabiamente se establece en nuestra Constitución.
La lucha contra la corrupción debe ser una tarea impostergable en aras de la paz y el desarrollo de Honduras. La población exige cada vez con mayor ahínco resultados efectivos, no más impunidad, contra este delito que debe castigarse a todo nivel. Desde el funcionario que favorece a una asistente hasta los implicados en el saqueo millonario al Seguro Social. Aunque la instalación de la Maccih ha generado grandes expectativas, el mayor gesto de voluntad política debe provenir del Estado