Honduras le cierra los espacios a la extorsión
Con el nombramiento de los jueces antiextorsión y la reforma al Código Penal se refuerza la lucha contra este delito
Con la conformación de los Juzgados en Materia de Extorsión y la ampliación de la pena para quienes amenacen y cometan este delito, el Estado hondureño busca darle el tiro de gracia a este flagelo.
Son cientos de familias, comerciantes y empresarios que a diario sufren las consecuencias de la extorsión, que día a día busca hacer de las suyas en cada rincón del país.
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más crueles, acabando con todo lo que encuentra a su paso. Personas asesinadas, negocios cerrados y hasta familias desplazadas de sus propios hogares ha sido parte del saldo que ha dejado este delito.
Con la aprobación de la reforma al artículo 222 del Código Penal y la conformación de los nuevos órganos jurisdiccionales, el gobierno busca garantizar la seguridad jurídica de las empresas y no solo eso sino resguardar la integridad humana de la población.
Son cientos de denuncias que la población interpone ante las autoridades por el cobro de la extorsión, pero casi en su totalidad quedan en la impunidad.
La Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) en los últimos tres años ha capturado a 2,537 personas dedicadas a este delito. Sin embargo, el cinco por ciento de los capturados han salido en libertad porque en muchos de los casos durante el juicio oral y público los testigos tienen el temor de denunciarlos.
Muchos son los casos que han quedado en total impunidad y sus ejecutores siguen huyendo de la justicia y cobrando extorsión.
En 2017, la FNA ha evitado el pago más de 10 millones de lempiras por concepto de extorsión, según las cifras de este órgano.
Juzgados
Frente a la ola imparable del cobro de la extorsión a nivel nacional, el Poder Judicial anunció el año anterior la conformación de los Juzgados con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión.
Ante las consecuencias dejadas por este delito, los nuevos juzgados deberán comenzar a funcionar con toda fuerza para frenar el cobro del impuesto de guerra.
Fueron 19 postulantes que aprobaron el riguroso proceso de certificación para a optar a un cargo en estos nuevos órganos judiciales.
De estos serán electos tres jueces de Letras, cuatro magistrados de Corte de Apelaciones y cuatro jueces de Tribunales de Sentencia.
El resto estará en una especie de banco de reserva, porque la finalidad de la CSJ es abrir más juzgados en el transcurso del año en otras ciudades.
Inicialmente, funcionarán en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, donde se reporta mayor incidencia de este delito.
Pero cada uno de los jueces tiene facultades para movilizarse a los lugares en los que se le requiera.
Estos órganos estarán debidamente conformados por una Corte de Apelaciones, Tribunales de Sentencia y Juzgados de Letras. Todos con su personal respectivo: secretarias, receptores, escribientes, archiveros y digitadores, entre otros.
El Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Extorsión de Francisco Morazán también ejercerá jurisdicción en los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Valle, Intibucá, La Paz y Olancho.
El de Cortés tendrá competencia en Copán, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro, exceptuando el municipio de Olanchito.
Mientras que el de La Ceiba tendrá competencia en Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y el municipio de Olanchito, en Yoro.
La Corte de Apelaciones y los Tribunales de Sentencia estarán ubicados en Tegucigalpa.
Según el acuerdo de creación de estos juzgados, se estableció que la extorsión ha dejado de ser un delito considerado como delincuencia común habida cuenta la profesionalización de los delincuentes dedicados a esa actividad.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, dijo que “tenemos que tener en cuenta que la función del juez es juzgar y ejecutar lo juzgado de acuerdo al 303 de la Constitución. En ese sentido, no nos vamos a apartar de esa función y nosotros como Poder Judicial estamos apoyando con todo el recurso de tal manera que contemos con un sistema de leyes que sea aplicable y práctico, que se ajuste a las necesidades de la sociedad”.
Indicó que espera que estos nuevos juzgados mejoren substancialmente la aplicación de la justicia en materia de extorsión. “Esperamos contar con jueces independientes, objetivos y transparentes como es el deseo y propósito nuestro”, señaló.
Estos juzgados comenzarán a funcionar en la primera semana del mes de abril, anunció Argueta.
Reformas
La conformación de los juzgados y la aprobación de la reforma al artículo 222 del Código Penal son complementarias para bloquear el camino a la extorsión.
Las penas para quienes cometan este tipo delito
fueron endurecidas y sin medias tintas, aquellos que cometan este delito van ir a parar a la cárceles.
Y no solo eso sino que quienes amenacen o intimiden a las víctimas consumarán este delito.
“Comete el delito de extorsión, quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años”, establece en su parte inicial la reforma.
Asimismo, se castigará con una multa de 50 salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.
“La extorsión se considera consumada y responderán
como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva”, establece. Asimismo, quien participe en la recolección de dinero en forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas en instituciones financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito.
Estas reformas obligarán a la Policía y al Ministerio Público presentar medios de prueba contundentes sobre quienes presuntamente cometan este delito, aseguró el juez de Sentencia Mario Díaz.
Con esta reforma el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia por parte de la persona o empresa ofendida.
En Honduras, cada seis horas se reporta un caso de extorsión. En los últimos días, este flagelo ha tocado las puertas de los centros educativos, al grado que uno de ellos anunció su cierre definitivo