Se aumentará la pena en un tercio cuando concurra alguna
1 Cuando sea cometido por maras o pandillas
La reforma establece una pena de 15 a 20 años de prisión, pero si este es cometido por miembros de la criminalidad organizada, maras o pandillas, la condena se ampliará a un tercio, es decir, que si se le aplica la pena máxima la condena se ampliaría entre seis y siete años.
2 Utilizar niños para cobrar extorsiones
Cuando un adulto utilice a un menor o persona en condición de vulnerabilidad o capacidades especiales, la pena también será ampliada en hasta siete años. Significa que si un adulto envía a cobrar el impuesto de guerra a un niño, este deberá cumplir una condena de 27 años.
3 Cobrar extorsión a un funcionario
Si el cobro de la extorsión se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña, el imputado será castigado.
4 Cobro vía tortura y tratos crueles
Si la víctima sufre tratos crueles, inhumanos o degradantes, es decir que si es sometido a torturas para pagar la extorsión, el imputado también será condenado con la pena de entre 15 y 20 años más un tercio, que oscila entre cinco y siete años de reclusión.
5 Cuando el imputado es empleado público
Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público por diez años, según establece la reforma.
6 Cuando produzca cierre de empresas
Cuando por efecto de la extorsión se produce el cierre de una empresa de cualquier naturaleza, los extorsionadores serán castigados con lo establecido en la reforma más un tercio de las penas. El cierre de empresas ha sido una de las repercusiones más comunes de la extorsión.
7 órdenes desde las cárceles y el extranjero
En la mayoría de los casos, las órdenes para cobrar el mal llamado impuesto de guerra emanan desde el interior de los centros penales; estos casos también serán judicializados con hasta 20 años y un tercio más, aunque el imputado se encuentre recluido.