Desbaratadas más de 120 bandas del crimen
El combate frontal de los entes operadores de justicia en el país ha desatado una serie de hechos violentos y repetitivos contra agentes policiales y militares en varias ciudades
Los golpes asestados a la criminalidad por parte de las fuerzas del orden del Estado han provocado la reacción violenta de las diversas estructuras y bandas criminales que operan en el país.
Prueba de esto es la muerte de al menos siete agentes de las distintas unidades policiales y militares encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía.
Sin embargo, estos repentinos arranques violentos de las organizaciones delictivas han tenido una respuesta contundente por parte de la institucionalidad de seguridad.
Las cifras así los reflejan. En lo que va del presente año la Secretaría de Seguridad reporta la desarticulación y posterior detención de al menos 120 bandas dedicadas a la comisión de delitos graves en todo el territorio nacional.
El portavoz de esta entidad, subcomisionado Julián Hernández, manifiesta “que como Estado garante de proporcionar la seguridad a través de las instituciones operadoras de justicia se ha venido trabajando en el tema de investigación de diversos delitos”.
Es precisamente la investigación y el seguimiento que se ha dado a los grupos delictivos, maras y pandillas el que ha provocado el choque en enfrentamientos bélicos y de alta peligrosidad entre la autoridad y los delincuentes.
En los últimos enfrentamientos armados suscitados entre operadores de justicia han fallecido siete agentes, sin embargo, ningún criminal ha parecido en las refriegas.
Ante esta situación, la criminóloga Arabesca Sánchez explica que “se observa que el mundo del criminal está cambiando puesto que algunos policías han sido seguidos de una cuidad a otra hasta que han sido ejecutados”.
“Esto quiere decir que las redes criminales están poniendo en práctica sus propios mecanicismos para asegurar también el daño a los funcionarios públicos después de identificarlos en una misión u operativo”, interpreta Sánchez.
Represalias
Parte de esta arremetida del crimen contra diversos operadores de justicia es la detención de cabecillas de maras y pandillas, al igual que a sus compinches, subalternos y estructuras criminales.
Una de estas detenciones de impacto se produjo el miércoles 19 de enero, cuando en un operativo conjunto entre la Policía Militar del Orden público, Agencia Técnica de Investigación Criminal y las diferentes unidades de la Policía Nacional se capturó a trece presuntos pandilleros.
El fuerte operativo se realizó en las colonias La Unión de San Pedro Sula y Planeta de La Lima, en el departamento de Cortés.
Julián Hernández, portavoz de la Secretaría de Seguridad, reconoce que “a consecuencia de estos hechos violentos se han realizado algunas capturas, sin embargo, otras están en proceso de investigación, en el caso de agentes muertos”.
A estar alertas
El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisionado Ronmel Martínez, asevera que “nosotros como funcionarios públicos involucrados en el combate a la criminalidad debemos permanecer en estado permanente de alerta”.
Esto, según Martínez, porque sus funciones conllevan una serie de riesgos.
Las operaciones Tifón II y Tormenta de Fuego, ejecutadas en las últimas semanas de enero, lograron desbaratar varias bandas
1,001 vehículos han incautado las autoridades en lo que va de 2017, todos en estaban en manos del crimen organizado.
dedicadas al narcomenudeo en las zonas central y norte del país.
En el marco de la Operación Tormenta de Fuego, ejecutada en los 18 departamentos del país, las autoridades detuvieron al menos 250 personas, la mayoría de ellas ligadas a delitos como robo de vehículos y sicariato.
Dichas acciones fueron encabezadas por el Ministerio Público con la colaboración de la DPI, ATIC, PMOP, DLCN y FNA.
Este tipo de acciones contra el crimen organizado desataron una serie de reacciones también por parte de las bandas y estructuras criminales y con ello el riesgo al que se exponen los distintos operadores de justicia.
La experta en seguridad Arabesca Sánchez dice que “los funcionarios (operadores de justicia) cuando prestan juramento de ley, en ese mismo acto aceptan una gestión de riesgo que les sobreviene con sus cargos”.
“Desgraciadamente la tarea de ser policía, investigador, fiscal o juez trae consigo también ese riesgo”, argumenta Sánchez.
Parte de esta ola delictiva es provocada también por la exorbitante cantidad de armas de fuego que se encuentran en manos de criminales, a pesar de tantas incautaciones hechas por el Estado.
Golpes fuertes
En los últimos cinco años se han incautado por parte de las distintas agencias de seguridad del Estado 19,959 armas de fuego, la mayor parte de estas en manos de grupos organizados dedicados a sembrar el terror en la población.
Esta loable acción ha venido a mermar la incidencia del crimen organizado, a pesar de esto el nivel de inseguridad manifiesta en los años recientes es latente y prueba
de ello es que la tasa de homicidios se mantiene arriba de las 50 personas muertas por cada 100 mil habitantes.
Aprobación de reformas
Con la aprobación de las reformas al Código Penal realizadas mediante decreto legislativo No. 6-2017 se hacen más rigurosas las penas por los delitos de extorsión, terrorismo y apología e incitación a actos de terrorismo.
En el caso de la extorsión, con las reformas ya vigentes una persona que cometa el delito de extorsión deberá purgar una pena de 15 a 20 años de prisión, con la opción del aumento de un tercio de la pena en situaciones especiales, establecidas ya en el Código Penal.
También hay de 40 a 50 años de prisión para los ciudadanos que incurran en le delito de terrorismo, recién tipificado e incluido en la norma penal hondureña.
Y de 4 a 8 años para los encontrados culpables del delito de apología e incitación a actos de terrorismo.
Entre el 22 de diciembre del año anterior y el 11 de marzo del 2017 han perdido la vida siete operadores de justicia en el país, lo que refleja que la criminalidad ha emprendido un ataque frontal contra las autoridades.
“Se han aprobado algunos decretos que se orientan a proteger a operadores de justicia y a defensores de derechos humanos, pero una ley no basta para protegerlos”, asegura la experta en seguridad Arabesca Sánchez.
“Bajo ninguna circunstancia, por quitarle la vida a un compañero de las distintas unidades operadores de justicia, las acciones se van a detener”, asegura el portavoz Julián Hernández