Equidad y justicia en el sector salud
La Constitución de la República reconoce el derecho a la protección de la salud, es decir, al adecuado acceso a los servicios de sanidad. Y corresponde al Estado garantizar, a través de la implementación de políticas adecuadas, que estos servicios estén disponibles para satisfacer tan fundamental derecho humano. Sin embargo, en nuestro país la calidad de la atención en salud suele ser buena, accesible y más humana para quienes pueden pagarla, que no son la mayoría. Mientras los menos privilegiados, aquellos que acuden a los hospitales públicos porque no tienen seguro social, menos la capacidad para pagar los elevados costos de los centros médicos privados, han venido sufriendo el deterioro de un servicio que nunca ha sido óptimo. Y los cobros que hacen los hospitales públicos, aunque parecen simbólicos, en realidad van directamente al bolsillo de los más necesitados.
En realidad, los presupuestos de estas entidades deberían ser suficientes para cubrir las atenciones que demandan los hondureños. Sin embargo, en el último año ocurrió más bien lo contrario, ya que el gobierno le redujo el presupuesto a la Secretaría de Salud pese a que es, como señala la OMS, un bien preferencial sin el que es imposible alcanzar el desarrollo sostenible.
Es por tal razón una buena medida que las autoridades de Salud estandaricen esos cobros porque cada hospital ha tenido sus propias reglas. Además, que se exonere del pago a personas vulnerables, como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los menores de cinco años.
En su informe “La salud en el mundo 2013”, la OMS invita a los países a invertir en sanidad como prioridad social, entre otras claves para la universalización de los servicios sanitarios, sin exclusión ni distinción. Asimismo, recomienda la buena gestión de los servicios de salud, lo que ha sido quizá una de las mayores imposibilidades debido a la corrupción histórica en ese sector en nuestro país, agudizada por una pasmosa impunidad, baste mencionar el desfalco al Seguro Social para saber de qué estamos hablando