La depuración no solo debe ser por fines administrativos
Silvia Lavagnoli, representante residente de la OACNUDH, señaló que desde enero permanecen en el Ministerio Público los expedientes de 55 agentes policiales que fueron depurados
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) cuestionó los pocos resultados obtenidos por el Ministerio Público en torno a la judicialización de casos de policías vinculados en actos de corrupción y criminalidad organizada.
“Cincuenta y cinco expedientes que han sido transmitidos por la Comisión de Depuración a una Unidad de la Fiscalía establecida para mirarlos, la información que nosotros tenemos que tienen fecha de enero, estos estaban bajo investigación”, dijo Silvia Lavagnoli, representante residente de la OACNUDH.
Asegura que esta dependencia está interesada en estos casos porque considera que la reforma de la Policía no puede ser simplemente una reestructuración por fines administrativos. “Nosotros también consideramos que la depuración de la Policía se ha hecho para responder a las denuncias de corrupción y el involucramiento de la Policía en actos criminales”, manifestó.
Señaló que “la reestructuración, que es hecha esencialmente por fines administrativos de estructuración, no sirve”.
En agosto del año anterior, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía entregó un legajo de expedientes al Ministerio Público sobre agentes vinculados en actos ilícitos. Sin embargo, el Ministerio Público no ha emitido ningún requerimiento fiscal contra los señalados.
Acusado
Los señalamientos contra policías vinculados al crimen organizado ya suman siete. Ha sido la fiscalía de Estados Unidos la que ha hecho esas vinculaciones.
El último caso fue el del exjefe de la Unidad de Homicidios de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Carlos Alberto Valladares Zúñiga.
Dos caminos tendrá por enfrente el exinvestigador tras ser acusado por Estados Unidos de conspirar para ingresar varios kilogramos de cocaína a su territorio.
El primero es el más difícil. El gobierno de Estados Unidos deberá emitir una solicitud de extradición al ministerio de Relaciones Exteriores y esta remitirla a la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, el Poder Judicial envía el documento a las autoridades policiales y militares para que estas procedan a la captura del sujeto señalado.
Enseguida, se remite ante un juez natural, quien comienza a ejecutar el proceso de extradición, que puede durar entre dos y cuatro meses.
Mientras que el segundo paso es más rápido y expedito. Y es buscar entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
En junio del año anterior, seis oficiales de la Policía Nacional fueron acusados por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Cinco de ellos negociaron su entrega voluntaria. Se trata de Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez.
Mientras que el sexto, Ludwig Criss Zelaya Romero, fue
capturado meses después por las autoridades hondureñas. Este oficial enfrentó un largo proceso de extradición porque tenía procesos judiciales pendientes en el país.
Sin embargo, fue entregado finalmente a la justicia en diciembre de 2016.
Estos seis policías se encuentran recluidos en una cárcel del Distrito Sur de Nueva York, esperando el desarrollo de su juicio.
Los siete policías tienen, supuestamente, vínculos con Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, quien es acusado por delitos ligados al narcotráfico .
Fabio Lobo fue capturado en Haití en mayo de 2015 y desde entonces está encarcelado en Estados Unidos. Se ha declarado culpable de los cargos en su contra, incluido conspiración para enviar droga a Estados Unidos.
La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció que la sentencia en contra de Fabio Lobo será conocida en el mes de mayo.
En este juicio compareció en calidad de testigo el cabecilla de la banda de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, donde salpicó a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno ligados, supuestamente, a su organización criminal.
En el caso de Valladares Zúñiga, no tiene ningún proceso judicial pendiente en Honduras, por lo tanto no tendría inconveniente para ser extraditado.
El Ministerio Público informó que sobre este exagente de la DNIC existe un sobreseimiento definitivo por el delito de violación.
Sin embargo, hasta ahora, en el Poder Judicial no ha ingresado una solicitud de extradición contra él.
Carlos Valladares fue acusado por el fiscal adjunto del distrito sur de Nueva York, Joon Kim.
Valladares Zúñiga, presuntamente, conspiró para enviar cinco o más kilos de drogas a Estados Unidos entre 2005 y junio de 2014. También es acusado de tráfico de armas en perjuicio de la seguridad interior de Estados Unidos.
Aparentemente, Valladares fue uno de los policías que ayudó a organizar la reunión de junio de 2014 en la que Fabio Lobo pidió al actual ministro de Seguridad, el general Julián Pacheco Tinoco, protección para un cargamento de droga.
La reunión, que fue grabada por un supuesto narco, que en realidad trabajaba para la agencia antidrogas estado- unidense (DEA), terminó con Pacheco -entonces asesor de seguridad del gobierno Lobodiciendo “No, Fabio” y su abrupta salida del despacho.
El caso de este y los otros seis policías está pendiente ante la jueza federal Lorna Schofield, ante la cual ya testificó el cabecilla de la banda de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga.
Valladares y otros “intencionalmente y a sabiendas combinaron, conspiraron y acordaron juntos y unos con otros violar la ley antidrogas de Estados Unidos”, dice la acusación firmada por el fiscal adjunto.
Resalta que importó, manufacturó y distribuyó una sustancia controlada como “parte y objeto de una conspiración” para enviar más de 5 kg de droga con “una cantidad detectable de cocaína” a Estados Unidos.
Frente a esta acusación los primeros en reaccionar fueron los miembros de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional.
“Ya estaba depurado, esto nos da la razón. Demuestra que la Comisión Especial cancela a los que no son idóneos, a los que andan en el camino de lo ilícito, a los que se convierten en aliados de la criminalidad”, manifestó a EL HERALDO, Omar Rivera, representante de la Comisión de Depuración.
De acuerdo a los detalles de la Comisión, el exagente Valladares fue cancelado definitivamente de la institución el 22 de noviembre de 2016