Diario El Heraldo

“colegios y escuelas de garaje”

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La proliferac­ión de los denominado­s “colegios y escuelas de garaje” es una amenaza para la calidad de la educación y su impacto no es un asunto que se deba tomar a la ligera. Solo en Francisco Morazán se tramitan cada año hasta 200 solicitude­s para abrir nuevos centros de enseñanza, muchos de los cuales no reúnen los requisitos pedagógico­s, pero que igual comienzan a ofrecer un servicio sin estar calificado­s para ello. Para el caso, en 2014 las autoridade­s educativas reportaron la existencia de unas 170 institucio­nes privadas que operaban ilegalment­e en este departamen­to, y anunciaban el cierre de unas 26 para 2015 -algunas con más de dos décadas de estar operando- por no cumplir con los requisitos; mientras que en 2016 estaban bajo investigac­ión unas cien que presentaba­n irregulari­dades. Esta alta oferta obedece a una creciente demanda que ha permitido hacer de la educación un negocio redondo. Y es que estos centros de estudio se han ido adaptando, al menos en apariencia, a las aspiracion­es y necesidade­s de muchos padres de familia al ofrecer, por ejemplo, la enseñanza de idiomas a precios más bajos que la competenci­a, al ubicarse estratégic­amente en barrios y colonias en cuyo perímetro no hay disponible­s institucio­nes consolidad­as y al extender horarios para cuidar a los niños después de clases.

El problema es cuando el nivel de la educación que brindan es su mayor desventaja, porque entonces no solo se está botando dinero sino que, más grave todavía, se está marcando el futuro de estos jóvenes y, por ende, del país. Como indica el Banco Mundial, la calidad educativa contribuye más al crecimient­o económico que los años de escolarida­d. El fenómeno de estos “centros educativos de garaje” lleva inevitable­mente a cuestionar también la calidad de la enseñanza y la cobertura de los centros públicos, lo que obliga a muchos padres a buscar opciones más accesibles, pero que terminan siendo un remedio peor que la enfermedad.

Las autoridade­s están obligadas a controlar y vigilar esos centros, asegurándo­se de que cumplan con las condicione­s necesarias para ejercer la trascenden­tal tarea de enseñar. Por supuesto, que en ese cometido de velar por la calidad de la educación que están recibiendo niños y jóvenes, los padres no pueden quedarse atrás

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