Incendio destapa historia de abusos en refugio de niñas
La Procuraduría de Derechos Humanos elevó la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Cuando el bombero Daniel Perpuac cruzó la puerta del aula, el calor aún era insoportable. Vio cuerpos amontonados de niñas en el suelo. Muchas ya estaban muertas, pero oyó un gemido. Una se movió y al darle la vuelta vio cómo le salían llamas de la boca. “No puedo olvidar eso”, dijo Perpuac, consternado por el dolor, el recuerdo y la impotencia. “Le doy vuelta a la siguiente y sale aquella humazón, aquel olor a carne asada, a carne quemada”.
Aunque hubiera llegado antes, no habría podido hacer mucho: los bomberos no llevaban bombas de agua. Nunca les dijeron que iban a un incendio. El incendio el 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción inició con un fósforo y al final dejó 40 niñas muertas. Un día antes se amotinaron, huyeron y fueron detenidas. La policía las devolvió al centro, donde fueron encerradas. Algunas decidieron prenderle fuego a un colchón para protestar por los abusos que sufrían, varios denunciados y documentados por diversas instituciones mucho antes de que el fuego las matara y a los que ninguna autoridad respondió. El colchón prendido cayó sobre otros y el fuego se extendió, quemando a las cerca de 60 niñas que las autoridades calculan había en un espacio de escasos 50 metros cuadrados.
Autoridades indiferentes
La mayoría de los internos no había cometido ningún delito. Los juzgados los habían enviado ahí para protegerlos de abusos en el hogar, de orfandad, de la vida en las calles, de la drogadicción. Había incluso migrantes retornados. Sus familias eran tan pobres que no podían pagar los poco más de 50 dólares que costaba contratar un abogado para sacarlos y llevarlos a casa.
Una vez den- tro, perdían su escolaridad. Sin fondos, las clases en el centro se limitaban a seis horas por semana en aulas con hasta 80 estudiantes.
No era ningún secreto que den- tro se cometían abusos. La justicia había intervenido antes: Dos empleados del centro -un profesor, Edgar Rolando Diéguez Ispache, y un albañil, José Roberto Arias Pérez- fueron detenidos en 2013 y 2014 por violar niñas. Arias, que violó a una niña discapacitada, cumple una condena de ocho años. Diéguez aún está bajo proceso judicial. Los abusos continuaron.
Historias de abusos
No era extraño que los menores internos escaparan del lugar. Poco antes, hubo otra fuga. The Associated