Diario El Heraldo

Tragedia forestal

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Uno de los pulmones de la capital de Honduras ardió el miércoles en uno de los peores -si no el peor- incendios que se han registrado en lo que va del año en nuestro país. Las imágenes del siniestro, que según las autoridade­s inició en El Sitio y se extendió hasta El Hatillo, El Picacho y parte del Parque Nacional La Tigra, evocaban un verdadero infierno, el que habría sido provocado por mano criminal.

De hecho, el gobierno anunció una recompensa de 250 mil lempiras a quien dé informació­n que permita esclarecer las causas de tan lamentable suceso que impactó en más de 400 hectáreas de bosque y que ha obligado a suspender las clases en los centros educativos ubicados en las zonas afectadas.

La tragedia forestal no solo significa mayor contaminac­ión en la capital, y por ende aumento de algunas enfermedad­es, altas temperatur­as, destrucció­n de la flora y fauna, sino miles de galones de agua extraídos de la represa Los Laureles, que ya se encontraba a menos de la mitad de su capacidad, y cuyo nivel bajó un 40% aproximada­mente durante la emergencia. El panorama que se vislumbra es de una aguda escasez de agua, mayor a la que ya sufrimos los capitalino­s, durante la Semana Santa que se aproxima.

En medio de la gravedad de la situación ambiental justo es reconocer la acción del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y Fuerza de Tarea Conjunta Bravo en las labores para controlar las llamas.

Pero también hay que mencionar la ingobernab­ilidad, la falta de capacidade­s técnicas de investigac­ión y las malas prácticas de manejo forestal. Aunque en 2016 el Conadeh rindió un informe que señalaba la reducción en un 50% de los delitos forestales, estamos viendo en el primer trimestre de este año un aumento de las quemas e incendios que demandan más monitoreo de los entes responsabl­es, sobre todo porque los delitos forestales son de difícil detección y casi siempre quedan en la impunidad.

Pero se necesita, sobre todo, educar y conciencia­r a la población en la prevención de incendios, en la vigilancia y en la denuncia de los pirómanos o autores de prácticas irresponsa­bles que ponen en peligro nuestra vida y nuestros recursos. Al final las consecuenc­ias las pagamos todos

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