Defensora dice que le han pagado el 40 por ciento
La abogada Alejandra Suárez Fortín confirmó la firma de un contrato de nueve millones de lempiras con Marcial Enrique Baquedano, presidente de la junta directiva de la Cooperativa Sagrada Familia.
Argumentó que se acordó ese monto partiendo de que el arancel del profesional del derecho establece claramente en qué caso se podrán pactar entre las partes honorarios superiores a los establecidos.
Esto “va desde la complejidad del asunto, desde el tiempo que esto involucra, de las horas que uno debe de invertir, la innovación, lo que se está solicitando. Ahora bien, estamos hablando de la cooperativa más grande de Honduras sometida a un proceso de intervención que puede conllevar a otro proceso”.
La ponderación se hizo en lo que es la libre contratación, “las partes dijimos, esta cooperativa tiene activos alrededor de 2,300 millones de lempiras, este contrato representa el 0.5 por ciento del total de sus activos, no representa ni el 1 por ciento”.
El Consucoop trata de hacer ver que los directivos se están defendiendo de una situación personal “y eso no es cierto, si la que está intervenida es la cooperativa, los inhabilitados son los que casualmente estaban en ese momento”.
Ante la consulta del riesgo de que esos nueve millones sean reparables a sus representados, Suárez Fortín afirmó: “Le explico, el día jueves y viernes 30 y 31 (de marzo reciente) se celebró la asamblea de delegados donde fue aprobado por todos los delegados la defensa. Ellos aprobaron el contrato y se aprobaron unánimemente las acciones futuras que vienen a nivel internacional que la cooperativa ya emprendió”.
El Consucoop a través de un comunicado público advirtió que esa asamblea era ilegal y desconoce sus efectos.
Pero según la defensora “los socios dueños de la cooperativaratificaronelcontrato porque dijeron que ellos están dispuestos a defender su cooperativa, su autonomía, su empresa privada”.
“Me han pagado, creo, un 40 por ciento, va por etapas. A esta fecha hemos impugnado ocho resoluciones administrativas, más las futuras, porque sabemos que un proceso judicial dura mucho tiempo”, dijo.
De acuerdo con la profesional del derecho, ella representa a la cooperativa como tal y a la junta directiva desde julio del año pasado. Reprochó que el Consucoop desconozca “la resolución de restitución y retiro de la Junta Interventora en una desobediencia abierta”.
Desde que tomé este caso trabajoexclusivamentepara esta cooperativa, no solo en el área administrativo, sino también en el área penal”
“Me han pagado, creo, un 40 por ciento, va por etapas”. Alejandra Suárez Fortín Abogada