Los vicios de ilegalidad de la constituyente de Maduro
La confrontación entre la oposición y el oficialismo ya se ha cobrado las vidas de 48 venezolanos en un mes
El presidente Nicolás Maduro, acosado por protestas que exigen elecciones generales, convocó a una asamblea constituyente “popular” para cambiar la Carta Magna. La iniciativa -rechazada por la oposición- tiene como particularidad que la mitad de los 500 asambleístas serán elegidos de forma sectorial, por lo que sindicatos, campesinos o minorías sexuales podrán escoger a sus representantes. Los demás serán seleccionados por circunscripción regional.
Pero juristas como Enrique Sánchez consideran que no hay tal voto universal, es decir, que abarque al total de electores, con lo que el gobierno podría “manipular la elección” de constituyentes.
Con ello tendría una Asamblea “integrada fundamentalmente por sectores del oficialismo”, cuyas decisiones le permitirían mantenerse en el poder, opina Sánchez.
Elecciones en el limbo
Maduro entregará al Poder Electoral las bases para elegir a los asambleístas. Se desconoce cuándo serán escogidos y el método que se aplicará para ello y su postulación.
Escarrá asegura que no se trata de una “Asamblea otorgada” a Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos en medio de una aguda crisis económica, según encuestas. Con el proceso en marcha, el mandatario socialista podría evadir el principal reclamo de las protestas opositoras que ocurren desde hace un mes y dejan 28 muertos: elecciones generales. Maduro “no podría ganar una elección de este tipo y entonces hace una convocatoria Frankenstein”, con lo cual, además, deja en vilo al Parlamento, único poder que controla la oposición, sostiene el analista Luis Vicente León. “Mientras se convoca este proceso, quedan suspendidas las elecciones regionales, locales y presidenciales en 2017 y 2018, con lo que el gobierno pretende conjurar su mayor peligro”, añade.
Juristas críticos del gobierno afirman que el anuncio supone una “estafa”, pues para cambiar parcialmente la Constitución -como plantea el gobierno- basta una reforma o una enmienda y no una constituyente, reservada para redactar una nueva Carta Magna