Anarquía y favoritismo en la UNA de Olancho
Informe desnuda no solo corrupción sino también desorden administrativo y académico. Marlon Escoto se defiende y dice que él fue rector solo por ocho meses.
Un enorme caos académico, administrativo y financiero que deja perplejo a cualquiera encontró la Comisión Interventora en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), ubicada en Catacamas, Olancho.
El primer informe que la Interventora presentó la semana pasada a la Comisión de Educación del Congreso Nacional revela la anarquía con que venía funcionando esta universidad.
En el documento se relata que al iniciar la intervención los comisionados encontraron un ambiente de desconfianza, temor a represalias por parte de estudiantes y docentes y división entre los grupos, con altos niveles de violencia.
Igualmente la comunidad de la región estaba dividida, “por una parte los que obtienen canonjías al brindar algún servicio a la universidad sin observar las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, y que por lo tanto apoyan el statu quo, y por otra parte el resto de la población que está a la expectativa y que conoce lo que sucede al interior de la universidad”.
Una vez finalizada la crisis original, el ambiente de temor e intimidación aún existe, a tal grado que los miembros de la comunidad universitaria no están acostumbrados a tomar decisiones por sí mismos. “Las acciones proactivas se presentan generalmente cuando benefician personalmente al interesado, todo ello producto de una autoridad que por muchos años fue vertical, autoritaria y concentrada en unos pocos”.
En lo académico, la comi- sión encontró que la universidad está pasando por una situación crítica en el área de la docencia debido a que sus procesos académicos no se renuevan. Sus planes de estudio son obsoletos y sus objetivos no se cumplen. Los estudiantes no son evaluados al momento de su ingreso y no existe un sistema de base de datos que informe sobre la calidad académica y administrativa que permita ejercer un control de calidad del rendimiento institucional.
De igual forma sus docentes no son evaluados y se contratan sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Estatuto, y existen pruebas de reprobaciones masivas que desdicen de la práctica adecuada del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Los interventores no encontraron datos de matrícula en los distintos períodos académicos, ni control sobre los informe de calificaciones por parte de los docentes. “Hay docentes que en cuatro años no han entregado a las autoridades los cuadros de calificaciones. Ni la universidad ni las carreras ni los estudiantes tienen datos confiables sobre el proceso de formación, lo que hace difícil la toma de decisiones y dudoso el proceso de promoción”.
Se encontró que en el 2016 la matrícula se incrementó en 2,000 jóvenes de primer ingreso sin que se garantizase la capacidad instalada suficien- te, provocando un detestable hacinamiento en su alojamiento. Asimismo, se desconoce el número de personas que duermen en las instalaciones y que comen en el comedor universitario, y los que lo hacen no se sabe si son estudiantes o no, pues al no existir el proceso oficial de matrícula tampoco existen carnés u otros medios de verificación y control que permitan identificar a los alumnos, empleados y maestros. El comedor reportaba unos 5,000 platos de comida por tiempo cuando la matrícula al momento era de unos 3,863 estudiantes.
El número de diferentes tipos de becas que la institución ofrece es de 110, sin embargo, los datos de estudiantes becados sobrepasan los 3,600, cifra aún sujeta a verificación. Las becas registradas son 2,737, otorgadas por Casa Presidencial, grupos étnicos, corporaciones municipales y sindicatos. En el 2016 solo Casa Presidencial presupuestó 20 millones de lempiras para 1,000 becarios, de los cuales solo se recibió efectivamente 3 millones. Las demás becas otorgadas no tienen respaldo financiero ni presupuestario.
Tampoco existe control del
rendimiento académico de los estudiantes becados y era costumbre generalizada e ilegal que las autoridades sin ningún asidero “exoneraban” del pago a los estudiantes que lo deseaban, acción que provocaba injusticias e inequidades.
El ambiente que han vivido los estudiantes en la Universidad se ha podido catalogar de abusivo por las condiciones deplorables en que han estado. Y lo más lamentable es que este ambiente ha propiciado que ellos mismos se vuelvan abusadores. No respetan las normas de convivencia, hay una incidencia de robos entre ellos mismos muy elevada.
A pesar de la promoción que la institución hace de la inclusión, no se aprecia manifestación de su cultura de los grupos éticos en el campus, más bien hay quejas de maltrato hacia ellos y hay fuerte fracaso porque no se realiza un proceso de inducción que asegure su permanencia y éxito en el nuevo ambiente.
La existencia de albergues externos, aun en peores condiciones, conlleva que estos problemas se agudicen. Hay albergues situados dentro del Mercado de la ciudad (La Mora), algunos estudiantes duermen en el suelo, condiciones de vida dispares para los estudiantes, lo que produce discriminación, inequidad y, por ende, altos niveles de agresividad y violencia. Igualmente hay denuncias de acoso sexual por parte de docentes a estudiantes, hombres y mujeres.
Docentes
El personal académico presenta los problemas de profesores sin experiencia y sin formación pedagógica, así como un cuerpo docente al cual el tipo de autoridad vertical que predominaba no les permitió desapor- rrollarse. Es una comunidad académica acomodada al statu quo, sin esperanzas de mejora institucional. La estructura de salarios es desproporcionada, no acorde con méritos profesionales y académicos, “sino en base a canonjías de tipo político y de conveniencias personales y familiares”.
La demanda legal por pago de arancel de agrónomos ha definido los salarios en base a la colegiación profesional, donde se ha afiliado gran parte del personal aunque no sea de la especialidad correspondiente, lo cual les permite percibir un salario para el que no reúnen los méritos académicos y que no tiene parangón en el sistema de educación superior del país.
El sistema ha permitido el otorgamiento de becas a docentes sin que se cumplan los requisitos de formación que el desarrollo institucional demanda o de tan largo tiempo que la inversión es muy onerosa. La asignación de las becas corresponde al interés de los solicitantes y no a las necesidades ni al desarrollo futuro de la institución. “No hay políticas de asignación de becas y estas se otorgan por compadrazgo político o afinidad personal y con goce de sueldo”; sin que exista la correspondiente asignación presupuestaria para financiarlos.
El personal docente se ha rotado siguiendo necesidades políticas para favorecer o impedir el voto en tiempo de elección de autoridades. La contratación de docentes no ha sido rigurosa ya que algunas asignaturas como Física y Matemáticas no se imparten profesionales certificados y especializados. “Por ejemplo, la asignatura de Estadística es impartida por un profesional de las ciencias religiosas y espirituales”.
Generalmente los módulos de campo son impartidos por docentes recién graduados que no llenan los requisitos para realizar la labor docente y no poseen la experiencia correspondiente, “ya que son contratados por razones políticas”.
La Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias se rige por prácticas distintas al resto de carreras. Sus estudiantes son externos. Esta carrera se ofrece en tres horarios distintos, en la jornada de la mañana, por la tarde-noche y en fines de semana y sus estudiantes pagan el sueldo horario de los profesores. Estos profesores son los mismos que tienen jornada normal en las carreras del internado y se les paga por horas adicionales.
Administración
En lo administrativo y financiero se detectó incumplimiento de los controles internos y los procesos administrativos: unidades que compran y piden reembolsos o no liquidan fondos asignados, la generación de una deuda flotante difícil de estimar y afrontar, la inexistencia de una relación del (Plan Operativo Anual) POA-presupuesto, ejecución de gastos sin la asignación presupuestaria, compras incumpliendo las normativas del Estado, procedimientos con flujos largos y engorrosos, poca o nula vinculación al SIAFI, incumplimiento del plan operativo y el presupuesto para el 2016, endeudamiento y morosidad