En asesinatos y extorsiones han participado menores recluidos
Las infracciones en las que se han involucrado los 563 infractores incluyen también actos de lujuria y violencia doméstica. El 60 por ciento de los internos oscilan entre los 16 y los 17 años
Actos de lujuria, violencia doméstica, violencia en las calles, extorsión y asesinato, son algunos de los actos cometidos por los 563 menores que se encuentran recluidos en los centros de internamiento del país.
Debido a que esos hechos han sido cometidos por personas con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, no se pueden considerar como delitos sino como infracciones, tal como lo establece el Código de la Niñez.
Considerando que en alrededor del 40 por ciento de crímenes de alto impacto han participado menores de edad, el presidente Juan Orlando Hernández determinó crear una comisión multisectorial que debata sobre la reducción de la edad punible.
Para ello, designó al coordinador del Gabinete, Jorge Ramón Hernández Alcerro, para que presida la comisión que estará integrada por representantes de diferentes instituciones de derechos humanos, juristas y sociólogos para que presenten un análisis relacionado a los menores y adolescentes que participan en actos violentos para que sean juzgados como mayores de edad.
Importancia
Zoila Patricia Cruz, viceministra de Desarrollo e Inclusión Social, es del criterio que iniciar la discusión del tema de la edad punible “sin duda que va a ser de suma importancia y de mucho valor donde se va a poder escuchar diferentes opiniones sobre la participación de la niñez y adolescencia en actos que van en conflicto con la ley”.
“Este es un problema estructural y como tal se tiene que abordar”, enfatizó la funcionaria. Para las autoridades, el problema no se tiene que abordar desde una sola dimensión, en este caso de la edad, sino que tiene que ser analizado desde las causales y luego plantear respuestas que sean estructurales y de atención integral del problema.
“Obviamente se deben analizar las particularidades y en ese sentido va a ser interesante tener la oportunidad a través de la Coordinación General de Gobierno de escuchar tanto a la sociedad civil, las iglesias, a los operadores de justicia y la cooperación internacional sobre este tema”, detalló Cruz.
Para bajar la edad punible, Honduras debe renunciar a tratados internacionales, pues es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño desde hace alrededor de 26 años.
Avances
En función de ese compromiso, el país ha avanzado en algunas vías, pero ha tenido dificultades en aspectos como es el caso de los menores que están privados de su libertad, ya que algunos de ellos han participado en hechos violentos como asesinatos y están implicados en actos de extorsión. Ante esa situación, se ha estructurado un Comité Técnico que discute el tema de justicia penal especial para adolescentes, donde se plantean respuestas más estructuradas.
“Lo que se busca es una atención integral al niño en la
comunidad y esto lo estamos estructurando con apoyo de la cooperación internacional, especialmente con programas implementados por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Cooperación Cana- diense”, dijo.
Por su parte, Honduras hace un planteamiento de un modelo de intervención comunitaria que permita que se cumplan las garantías básicas de la niñez y la adolescencia en la comunidad.
Con dicho planteamiento, lo que se busca es que los menores infractores tengan acceso a salud, educación, protección de sus derechos cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad y recreación.
Además, el programa tiene como propósito la prevención, es decir que se debe evitar que más niños y adolescentes ingresen al sistema de justicia penal.
“Nosotros tenemos que apostar que los niños no lleguen al sistema especial de justicia juvenil y lograr establecer una red de protección que evite que esto suceda”, detalló Zoila Cruz.
También se cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Educación no Formal (Coneanfo), donde se implementan mecanismos relacionados con la educación no formal para el desarrollo de habilidades, formación, capacitación y acercamiento de oportunidades para el empleo de los jóvenes.
Para ello es que se busca construir el diálogo que va a conducir la Coordinación General de Gobierno, encabezada por Jorge Ramón Hernández Alcerro, y se van a involucrar diferentes sectores de la sociedad.
Población
En los cinco centros de internamiento, hay 563 infractores internos. Mientras que alrededor de 1,200 niños que están bajo el sistema de justicia penal especial se encuentran con medidas alternas a la privación de la libertad.
De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), del total de los menores que permanecen en los centros de internamiento, el tres por ciento tiene edades comprendidas entre los 12 y 13 años.
Un 20 por ciento tiene edades entre los 12 y 15 años, un 60 por ciento edades de 16 a 17 años y un 20 por ciento edades de 19 a 21 años, respectivamente. Para la viceministra de la Sedis, “no solo debemos estar pensando en cuántos años debe tener un adolescente para ser juzgado como adulto, ya que eso es una parte del tema, por lo que se debe hacer un análisis en el contexto de los compromisos adquiridos por el país”.
Además, se deben considerar las causas por las cuales el adolescente empieza a cometer las infracciones.
Es por eso que para bajar la edad punible, Honduras debe renunciar a la Convención de los Derechos del Niño, que es la que rige todo el accionar hasta el Código de la Niñez y la Adolescencia en el país
18 años es la edad en la que se ha establecido la edad punible en el país.