Piden recuperar control de centros de menores
Legislaciones Omar Rivera afirma que se deben implementar programas de atención a la niñez. Para bajar la edad punible, Honduras debe renunciar a los tratados internacionales que ha suscrito
“La primera medida a ser tomada en consideración por la Comisión Multidisciplinaria que analizará la situación de la niñez y juventud en conflicto con la ley es recomendar medidas de emergencia para recuperar la gobernabilidad de los centros de internamiento de estas personas menores de edad”.
En esos términos se pronunció Omar Rivera, coordinador de Advocacy e Incidencia, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al ser consultado sobre la baja en la edad punible de los menores infractores.
“La acción represiva en contra de la delincuen- cia juvenil debe ir aparejada al diseño e implementación de programas sociales de atención a la niñez y juventud en condición de vulnerabilidad”, enfatizó Rivera.
Cuestionó la forma en que “an- cestralmente” se han venido administrando los centros de internamiento de menores en Honduras.
“Deben tomarse medidas extraordinarias, debe imponerse autoridad, mejorar las condiciones físicas de las instalaciones y elevar la calidad de atención”, recomendó el dirigente de la sociedad civil.
Internos
En Honduras, hay cinco centros de internamiento de menores, de los cuales cuatro son para niños y uno para niñas.
En estos se alberga a 563 internos infractores, de los que 68 son niñas que permanecen recluidas en el centro Sagrado Corazón, ubicado en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa. Los demás se encuentran en los centros Renaciendo, El Carmen, Jalteva y Los Cobras. Hay que recordar que los menores están recluidos en los centros de internamiento por cometer infracciones tales como: actos de lujuria, violencia doméstica, violencia en la calle, extorsión y asesinato.
Un informe publicado en 2016 por la ASJ, titulado “La situación de crisis de la niñez privada de libertad”, reveló la “inexistencia de modelos especializados de atención” a los adolescentes internos, “la ausencia de recurso humano calificado” y una “cobertura limitada de servicios” en los centros de internamiento.
Ante esas situaciones “es difícil rehabilitar, así es casi imposible reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; hay que tomar cartas en el asunto”, concluyó Omar Rivera.
Salidas
En tanto, Jari Dixon, diputado del partido Libertad y Refundación, se pronunció sobre la pretensión de bajar la edad punible, por la que Honduras debe renunciar a los tratados internacionales a los que es suscriptor. “Los mismos tratados tienen las salidas, el gobierno tiene que hacer una solicitud de retiro del tratado, expresar las causas y motivos de su retiro, eso va a pasar a Naciones Unidas donde se hace un análisis y posteriormente se defiende ese asunto”, detalló Dixon.
Si Honduras logra separarse del Tratado y en especial de la Convención de los Derechos de la Niñez, después viene una resolución para que posteriormente el país en su legislación interna comience el proceso de aprobación de la edad punible.
“Eso puede ser mínimo un año, máximo varios años, eso va a depender de la política internacional que se esté manejando en la protección de la niñez, tratados que han sido firmados por casi la mayoría de los países latinoamericanos, no es tan fácil ir a decir me retiro”, recalcó el parlamentario.
Para el político de la oposición, la idea del presidente Juan Orlando Hernández de bajar la edad punible “se ha lanzado para distraer la atención del pueblo hondureño, ya que en un año electoral, el Presidente no quiere que se le esté señalando su ineficacia en resolver problemas sociales y todo el mundo está enfocado en debatir este tipo de temas que al final no van a tener ningún resultado”.
Revisión
Por su parte, Zoila Cruz, viceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), es del criterio que fundamentalmente se debe renunciar a la Convención de los Derechos del Niño, pues es con eso que se rige todo el accionar, hasta el Código de la Niñez y la Adolescencia en este país. La ministra afirma que es necesario hacer una revisión bastante pausada y detallada de la edad punible en el país