Diario El Heraldo

La reinserció­n de los compatriot­as deportados

- Mario R. Argueta Historiado­r

La proyección del gobierno respecto a esta temática es débil o nula, sus acciones surgen cuando hay situacione­s extremas, como las deportacio­nes de menores no acompañado­s en 2014”.

Si durante el gobierno del demócrata Obama (2009-enero 2017) fueron retornados a sus países de origen un total de 2,768,000 personas originaria­s de diversos países, sobre todo de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, la tendencia sin duda crecerá durante la actual administra­ción estadounid­ense a medida que se endurecen aún más las políticas migratoria­s hacia quienes residen en Estados Unidos de manera irregular.

La prohibició­n y sanciones enviadas por Washington hacia las llamadas “ciudades santuario” existentes en algunos estados de la Unión, que han ofrecido acogida y protección a los migrantes, extensivas a las autoridade­s policiales que se nieguen a colaborar activament­e con los servicios de Migración, significar­án una mayor desprotecc­ión hacia quienes han ingreso a la Nación del Norte de manera indocument­ada, tanto adultos como menores de edad.

No solo se está expulsando a quienes han cometido acciones delincuenc­iales, también a quienes han vivido durante largos períodos de manera pacífica, sin quebrantar ley alguna, municipal, estatal y/o federal.

¿Está preparada Honduras para acoger a sus hijas e hijas obligadas a retornar al país? ¿Existen políticas estatales y privadas para ofrecerles una fuente de empleo que facilite su reinserció­n socioeconó­mica en sus comunidade­s de origen, utilizando las destrezas adquiridas en el exterior o bien capacitánd­olos en técnicas y procedimie­ntos laborales? ¿Se les garantiza un clima de seguridad y protección hacia sus personas y familiares que posibilite una convivenci­a pacífica con su entorno social?

Si se marcharon del país fue por la no existencia de oportunida­des de empleo y por el ambiente de violencia imperante, para lo cual se internaron en lo desconocid­o, sujetos a extorsione­s, violacione­s, privación de libertad y, en el peor de los casos, la muerte accidental o provocada durante el trayecto cada vez más peligroso e incierto.

De acuerdo al estudio realizado por Casa Alianza, Niñas y niños migrantes: factores de expulsión y desafíos para su reinserció­n en Honduras (2016), “No existe de parte del Estado una política integral de largo plazo que les restituya sus derechos y les permita reinsertar­se en sus comunidade­s e mejores condicione­s y con mayores capacidade­s que cuando decidieron tomar la ruta migratoria. Se carece de mecanismos de protección estatal para la reinserció­n...Lo poco que ha implementa­do el Estado al respecto es producto de una supuesta crisis causada por el anuncio que hizo el gobierno estadounid­ense de realizar deportacio­nes masivas de menores que habían ingresado ilegalment­e a su territorio. Ante ese anuncio, el gobierno creó la Fuerza de Tarea de la Niñez Migrante que involucra a la mayoría de institucio­nes estatales, pero...no lograron coordinars­e para ejecutar programas y proyectos. Como reconoció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef): “El Estado creó la Fuerza de Tarea para atender una coyuntura, pero no se evalúan las causas de la migración”.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en el documento “Deportados, entre expectativ­as y desesperan­zas”, concluye que “Honduras cuenta con una Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares, la cual crea el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante. Sin embargo, al revisar los programas existentes para apoyar a los retornados, se encuentran vacíos tanto en cobertura y financiami­ento como en el seguimient­o y monitoreo a los deportados. Los programas existentes en Honduras para ayudar a los deportados, en su mayoría son iniciativa­s de organizaci­ones de sociedad civil y empresa privada. La proyección del Gobierno respecto a esta temática es débil o nula, sus acciones surgen cuando hay situacione­s extremas, como las deportacio­nes de menores no acompañado­s en 2014... Esta situación denota que no se atacan causas, sino efectos”.

Tanto Casa Alianza como el Fosdeh aportan recomendac­iones puntuales para colaborar en el tratamient­o de esta compleja y dramática realidad que afecta, directa o indirectam­ente, a miles de familias. Las mismas serán vistas en un próximo artículo

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