Diario El Heraldo

Jueces ordenaron el traslado de varios fugados a El Pozo

El Ministerio Público no encuentra explicació­n alguna sobre por qué algunos de los 23 escapados seguían en Támara pese a la existencia de una orden judicial que daba luz verde a su movilizaci­ón

- TEGUCIGALP­A

Asesinos en serie, traficante­s de drogas, extorsiona­dores y secuestrad­ores, son parte de los perfiles delictivos que poseen los 23 miembros de la pandilla 18 que se escaparon el jueves del Centro Nacional Penitencia­rio de Támara.

También figuran pandillero­s de alta peligrosid­ad a quienes algunos jueces ordenaron su traslado a la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Barbara, más conocida como El Pozo, pero esta determinac­ión nunca fue ejecutada, según reveló a EL HERALDO una fuente del Ministerio Público.

Tal es el caso Jesús Armando Chévez, vinculado a una masacre en la colonia Las Torres en 2014.

Además, se encuentra José Modesto Reyes, al que también se le ordenó su traslado a El Pozo; este pandillero está vinculado con los crímenes de 18 personas en diferentes hechos ocurridos en la capital y fue condenado por asociación ilícita en enero pasado.

“No entendemos la razón por la cual seguían en Támara”, lamentó el funcionari­o del Ministerio Público a EL HERALDO, que prefirió permanecer en el anonimato por medidas de seguridad.

Una vez que se emite una orden judicial, es responsabi­lidad de los operadores de justicia realizar los respectivo­s traslados, sin embargo, por razones que aún no están claras no habían sido movilizado­s.

En esta lista se encuentran reos que ingresaron a prisión apenas hace medio año, tal es el caso de Nelson Alberto Mejía, quien es acusado del delito de privación injusta de libertad.

Este pandillero ingresó al centro penal el 27 de noviembre del año anterior, es decir, que solo estuvo recluido seis meses. Su expediente aún se encuentra en los Juzgados de Letras Penal de La Granja.

De los 23 privados de libertad fugados, al menos 11 habrían sido condenados a una pena por la comisión delitos. El resto de los escapados tenían procesos judiciales pendientes

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