Debaten nuevas normas disciplinarias para menores
Edad punible Hoy el comité técnico recibirá a los representantes de la sociedad civil y organismos internacionales para que planteen sus puntos de vista y recomendaciones alrededor de esta temática
La revisión de la justicia penal juvenil volvió a ponerse en agenda luego que el actual gobierno anunciara que analizará la reducción de la edad punible.
Y es que en los últimos años cientos de menores infractores se han visto involucrados en crímenes, cobro del impuesto de guerra, secuestro y otros delitos.
Este tipo de comportamiento agresivo ha puesto a analizar hasta el mismo mandatario Juan Orlando Hernández, quien en varias ocasiones manifestó que no descarta revisar los tratados internacionales.
La edad punible en Honduras y en otros países de la región es de 12 años.
Es decir que un menor de edad puede ser enviado a un centro de internamiento de rehabilitación por haberse involucrado en cualquier tipo de delito.
Y no solo eso, a los 12 años un adolescente es responsable de sus acciones a través de un sistema que establece medidas alternativas y de custodia bajo un mecanismo juvenil de justicia, según lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Reducir la edad punible significa someter a un menor de 12 años a un proceso judicial.
La propuesta del gobierno incluye aislar a los menores entre 12 y 16 años en diferentes centros de internamiento. Mientras que a los mayores, es decir los menores entre los 16 y los 18 años, en centros más rigurosos.
Una de las propuestas que surgieron en el primer encuentro es que un niño de 12 años pueda someterse a penas más graves o en su defecto a un proceso judicial penal en la misma propor- ción que el adulto.
No obstante, un menor puede ser enviado a la cárcel hasta que cumple la mayoría de edad, 18 años.
La Convención de los Derechos del Niño establece que “ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto y que más bien se debe implementar un sistema de responsabilidad penal específico para los niño”.
Lo anterior tiene el fin de garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso legal y que se establezcan penas diferenciadas, donde la privación de libertad se utilice tan solo como medida de último recurso, indica.
Inicia el debate
Ayer los primeros en participar en el debate fueron la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Gabinete de Prevención, Instituto Nacional de la Juventud, Registro Nacional de las Personas (RNP), Secretaría de Educación, Salud, Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social, entre otros actores.
La finalidad es escuchar las opiniones del sector gubernamental y no gubernamental, intercambiar ideas y con los insumos dados redactar un documento para entregarlo al Congreso Nacional.
En esta primera etapa discutieron la posibilidad de reducir la edad punible y cuáles son los riesgos a los que el país se expondría en caso de denunciar a los tratados internacionales.
También se planteó una reforma estructural a la justicia penal juvenil, que consiste en revisar los centros de internamiento de menores en el país.
Asimismo, buscarle una solución al sistema de vigilancia con que cuentan
estos centros.
Y es que en los últimos días más de 45 menores de edad se fugaron de los centros de internamiento burlando el indeleble sistema de seguridad con que cuentan.
Sin dar mayores detalles, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, dijo que los sectores que llegaron ayer formularon soluciones y aportaciones sobre el tema.
“Hemos visto y escuchado aportes que tienen que ver con mecanismos sugeridos por los participantes, de los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de control para la seguridad de los menores infractores”, dijo Argueta.
Durante el encuentro hubo varias coincidencias con los sectores que participaron.
El comité abordó no solo el tema de evasión de los menores, sino que también el tratamiento que el Estado está obligado a darles a través de los distintos operadores de justicia, sujetos de una medida cautelar de internamiento.
“Ya no necesitamos hacer diagnóstico, necesitamos pasar al campo de las recomendaciones concretas, sugerencias y conclusiones a efecto de mejorar sustancialmente el tema”, indicó Argueta.
Tras el debate con los distintos sectores de la sociedad, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal creará un documento final con los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteadas, el cual será difundido el próximo 2 de junio.
“Lo que sí debe tomar en cuenta la población es que vamos a tomar la mejor recomendación”, anunció el presidente de la CSJ.
Manifestó que los miembros del comité técnico mantendrán la neutralidad en el tema a fin de que se respeten los convenios internacionales de que Honduras es signataria.
Para hoy el comité técnico tiene previsto un acercamiento con organizaciones de la sociedad civil como las aglutinadas en la red Coiproden, Casa Alianza y organismos internacionales.
Discusión
La discusión de la reducción de la edad punible ha generado un debate entre organismos internacionales con representantes de la sociedad civil y hasta la misma Iglesia.
Estos últimos coinciden en que tomando en cuenta la ola delictiva en la que se ven involucrados menores de edad, el Estado debe revisar los conve- nios internacionales.
Sin embargo, esta posición encuentra sus diferencias en los organismos internacionales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó que la intención del gobierno de reducir la edad punible es un retroceso.
“Reiteramos la advertencia de la ONU a Honduras de que reducir la edad punible sería un retroceso en materia de derechos humanos”, manifestó el organismo internacional en las redes sociales.
Honduras es signataria de la Convención de los Derechos del Niño, la cual fue firmada en 1990, y para denunciarla tendría que esperar un año para su efectividad