Diario El Heraldo

Exdirectiv­os del Inprema enfrentará­n la justicia

Un juez natural notificó a los acusados el auto de formal procesamie­nto y las medidas cautelares a los imputados

- TEGUCIGALP­A Redacción El Heraldo diario@elheraldo.hn

Un juez natural notificó ayer un auto de formal procesamie­nto a exdirectiv­os del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) acusados por el delito de abuso de autoridad.

Se trata de los exdirigent­es magisteria­les Óscar Recarte, Alfonso López Guillén, César Augusto Ramos; el expresiden­te del Colegio Profesiona­l Unión Magisteria­l de Honduras (Coprumh), Edgardo Casaña; y el exsecretar­io de Educación, Alejandro Ventura.

El togado que conoce el caso además les dictó medidas sustitutiv­as de no salir del país y firmar cada 15 días el libro de entradas.

El fallo se produce luego que la Corte de Apelacione­s de Francisco Morazán determinar­a revocar el sobreseimi­ento definitivo del que gozaban los imputados.

El 12 de mayo de 2016, un juez natural ya había dictado un sobreseimi­ento definitivo contra los cinco implicados porque consideró que no hubo daño patrimonia­l al Inprema. Sin embargo, un reclamo jurídico hecho por el Ministerio Público, quien se mostró insatisfec­ho por la resolución tomada en primera instancia, permitió cambiar el rumbo del proceso.

La determinac­ión adoptada por la Corte de Apelacione­s fue comunicada ayer a los señalados a través de una audiencia de notificaci­ón.

El caso se remonta al año 2010, cuando la entonces junta directiva del Inprema ordenó revaloriza­r la institució­n por 100 millones de lempiras, algo que era prohibido por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

El profesor Óscar Recarte, quien es uno de los acusados, dijo que “lo único que se hizo fue aumentarle 300 lempiras a 11 mil maestros jubilados, nosotros representá­bamos a los profesores en ese momento”.

Expresó que en la determinac­ión adoptada por la exjunta directiva no hubo un beneficio para los miembros que votaron a favor.

Por su lado, el exdirigent­e magisteria­l Edgardo Casaña calificó la resolución como persecució­n política. “No es posible que en este país se criminalic­e a los dirigentes”

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