Ante abusos, la Comixmul camina a su liquidación

Intervienen cooperativa por un ajuste de más de 700 millones y piden aseguramiento de bienes

Debido a que la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitadas (Comixmul) cayó en la insolvencia, al extremo de no tener la capacidad para cubrir totalmente unos 303 millones de lempiras de los depósitos de ahorro y 916 millones de deuda a organismos nacionales e internacionales, el Consejo Supervisor de Cooperativas (Consucoop) pidió al Ministerio Público asegurar los bienes de quienes dilapidaron los fondos de esa entidad.

Un informe financiero de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) correspondiente al 2014- 2015, luego actualizado dos veces al 9 de febrero de 2017 por la Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Consucoop, expone la crisis económica de la Comixmul y señala el camino de la liquidación.

El latrocinio sobre los recursos de unos 30 mil ahorrantes -sobre todo mujeres- y de los acreedores se ve reflejado en la millonaria contratación de una defensa legal, en préstamos a empresas relacionadas, en empréstitos a nombre de personas fallecidas, deudores no localizables, deudores que no registran abonos, créditos sin intereses, créditos readecuados que no presentan abono alguno, cuentas por cobrar con estatus de vencidos, así como créditos atrasados y pago de comisiones.

Impacto

Los informes establecen que “los estados financieros presentados por la administración de la Comixmul con cifras al 31 de octubre de 2016 no son razonables”, ya que la revisión reveló algo más grave. “Los ajustes determinados por la Comisión Supervisora por L 753,864,241.63 se originan principalmente por la insuficiencia de reserva para créditos dudosos no reconocidas oportunamente por la administración, así como por manipulaciones contables que al registrarse correctamente impactan significativamen- te en la estructura patrimonial de la cooperativa, la cual, según los estados financieros presentados por la administración, asciende a L 92,637,813.53 y al ajustar las operaciones determinadas hasta la fecha se vuelve negativa en L 661,016552.42, situación que es causal de disolución forzosa”. Asimismo, la cartera crediticia presenta una mora crónica, que según las evaluaciones realizadas asciende a 627,728,104 lempiras, que equivale al 79% y requiere la constitución de reservas adicionales por 599,450,760 lempiras, aspecto que podría incrementar al analizar las partidas de cancelación de los préstamos refinanciados, a los cuales se les están capitalizando los intereses, así como intereses por cobrar.

Las reservas registradas por la cooperativa al 31 de octubre de 2016 ascendían a 32,488,406 lempiras, “las cuales resultan insuficientes en 599,450,760 producto de las prácticas inadecuadas de la administración de la cartera de préstamos, que han originado su deterioro y afectado la capacidad de pago de las afiliadas deudoras”.

Créditos y aportaciones

Las obligaciones con organismos nacionales e internacionales ascienden a L916,834,387, que corresponden solo a saldos de capital debido a que los intereses pendientes de pago sobre los préstamos no están siendo revelados en los estados financieros, que al 31 de diciembre de 2015 ascendían a 67,245,392 lempiras. Es oportuno señalar que el 42.57% de las obligaciones se encuentran vencidas, equivalentes a 394,709,536, sin considerar las obligaciones que presentan retraso, denotando incumplimiento de pago de sus obligaciones.

Las aportaciones y depósitos de ahorros retirables y a plazo fijo suman L303,536,593.47 y los préstamos por pagar a organismos nacionales e internacionales 916,834,387 lempiras, juntos representan el 252.07% del total de los activos netos ajustados hasta la fecha conforme a los estados financieros presentados por la administración de 484,147,990, “revelando que la calidad de activos de la cooperativa no son suficientes para cubrir los recursos captados de sus afiliados y las obligaciones contractuales adquiridas con los financiadores internos y externos”.

Hipotecas

Se ha determinado hasta la fecha que los terrenos y edificios donde operan las filiales de la cooperativa, como la oficina central, Monjarás, Intibucá, Santa Bárbara, Comayagua, Marcala y Nacaome, están hipotecadas por un monto de 114,921,247 lempiras.

Asimismo, la cartera crediticia clasificada en categoría A y por una cantidad de 74,479,411 está como garantía prendaria con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el organismo internacional Blue Orchard, Loc Fund. Esto al 30 de septiembre de 2016, no obstante, a la fecha del examen la base de datos no identifica estos préstamos y la administración no proporciona información.

Comisiones

Asimismo, se identificaron pagos de comisiones del

por supuestas gestiones para obtener financiamientos reembolsables y no reembolsables. Cheques que eran cobrados, en algunos casos, por los guardias de seguridad. Por este tipo de actos el Ministerio Público acusó formalmente a siete personas relacionadas con la Comixmul, nada más que solo les imputó el cobro de una comisión de 5%, mediante la cual sustrajeron 51,786,601 lempiras, dice el requerimiento. Los acusados guardan prisión únicamente por esta línea de investigación.

Millonaria defensa

Ante la intervención del Consucoop, la junta directiva de la Comixmul contrató una defensa legal por más de 48 millones de lempiras. Por estos servicios, primero cancelaron honorarios por 885,000 lempiras a Raúl Aquilino Sotelo Perdomo. El acuerdo fue un solo pago una vez Magda Edy López Sierra -gerente general de la cooperativa y firmante del contrato- fuera reintegrada a su cargo.

Posteriormente, el 25 de abril de 2015 la junta direc10%

tiva firmó con José Amílcar Hernández un contrato por un monto de 5,000,000 de lempiras por “servicios legales para sustanciar una defensa técnica, administrativa y judicial en el seguimiento de la intervención de que ha sido objeto como empleada y miembros de la junta directiva”. Al mes de agosto de 2016 se le habían pagado 4,300,000 lempiras. “Se emitieron cheques a favor de Dilia Lizeth López Sierra, gerente general de Comixmul, por 1,000,000”, sin embargo, “no se determinó quién realizó el cobro de los mismos”.

También existe cinco contratos con la firma Juárez Group o Grupo Juárez -representada por Jorge Alberto Juárez Rodríguez- “por un monto de 42,601,743.80 por consultoría contable, financiera y legal para sustanciar una defensa técnica, administrativa y judicial en el seguimiento a la intervención de que han sido objeto como empleadas y miembros de la junta directiva de Comixmul”. Hasta febrero de 2017 le habían pagado 33,401,743.80 lempiras. Los pagos se realizaron a la cuenta personal de Juárez Rodríguez y no a nombre de la empresa consultora que luego pasó a llamarse JFS Abogados.

Aseguramiento

Según el Consucoop, desde el 2015 le notificó al Ministerio Público las deficiencias administrativas y financieras en la Comixmul, sin obtener mayores reacciones. Ante la desidia le informó del caso a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih), sorpresivamente días después la Fiscalía de Delitos Comunes presentó un requerimiento por los hechos derivados del “apropiamiento irregular de dinero”, derivado del “cobro de una comisión del 5% sobre financiamientos otorgados a la cooperativa desde enero del 2012 hasta 2015”; luego de esto no ha mostrado mayor interés por otros hallazgos debidamente documentados.

En la resolución No. JD 02-0530-2017 del 30 de mayo de 2017 el Consucoop expone que en los últimos meses se han presentado ante esa instancia, denuncias y reclamaciones de afiliados a la Comixmul en la que refieren “la falta de devolución de sus ahorros a plazo fijo que ya han vencido, así como la negativa a devolver documentos de propiedad con los que se sustentaron préstamos ya pagados, además de la negativa para la devolución de sus ahorros retirables”.

Como los informes concluyen que los activos de la cooperativa no son suficientes para cubrir los recursos captados de sus afiliados y las obligaciones contractuales adquiridas, el Consucoop le solicitó al Ministerio Público determinar la existencia o no de otros ilícitos financieros derivados de actividades atípicas y sospechosas, como fraudes que estuvieren relacionados con infracciones tributarias, no solo de las personas que tiene a la fecha auto de formal procesamiento, sino también en los miembros de la Junta Directiva y de Vigilancia, así como de terceras personas que en colusión han realizado acciones y obtenido transferencias financieras exorbitantes en perjuicio del patrimonio de la cooperativa, sus afiliados y acreedores.

Asimismo, para mitigar el impacto le pidió valorar la posibilidad de asegurar los bienes de aquellos a quienes se supone responsables de los ilícitos de orden financiero, así como de aquellos otros terceros que directa o indirectamente han recibido y se han beneficiado de los recursos de la cooperativa sin causa justificada o ilícita