Diario El Heraldo

InvItada Adoptar salvaguard­ias para erradicar la tortura y los malos tratos

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Por ejemplo, el Código Penal hondureño sanciona la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradante­s. Por otro lado, se han establecid­o algunas salvaguard­ias legales y procesales, particular­mente durante las primeras horas de detención, para prohibir las técnicas de interrogac­ión incriminat­orias, además de haber constituid­o organismos estatales independie­ntes como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev) y el Comisionad­o Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La Convención también representa una herramient­a esencial para apoyar las demandas ciudadanas de investigac­ión de periodos oscuros en la historia de muchos países y enjuiciar a sus responsabl­es, contribuye­ndo esencialme­nte al afianzamie­nto de la democracia en dichos Estados.

Pese a todos estos avances, aún hoy en América, en Europa, en África y en otros rincones del mundo, el sufrimient­o de muchos, su grito, su abandono silencioso, continúa elevándose para recordarno­s que la humanidad sigue negándose a sí misma. Personas privadas de libertad, personas con discapacid­ades mentales o intelectua­les, personas detenidas, así como niños y niñas, defensores de derechos humanos, adultos mayores y personas de la comunidad LGTBI están expuestos a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradante­s. Nosotros podríamos estar en su lugar y ese podría ser nuestro sufrimient­o.

En Honduras, la tortura aún no ha sido erradicada. Según datos oficiales compartido­s con el Comité contra la Tortura (CAT) para la revisión de Honduras en 2016, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) recibió 253 denuncias de tortura entre 2009 y 2014, mientras que el Conadeh recibió 912 denuncias por tortura y malos tratos de 2010 a 2014. De lo anterior, la FEDH había presentado 54 requerimie­ntos fiscales entre 2009 y 2014 en contra de elementos de la policía, fuerzas armadas y otros servidores públicos. En ese mismo periodo, solo se reportaron cuatro sentencias condenator­ias por actos de tortura, con penas de prisión que en ningún caso superaron los cinco años.

Como resultado de esta revisión, el Comité formuló en agosto de 2016 una amplia gama de recomendac­iones al Estado con el objetivo de ayudarle a construir e implementa­r una ruta efectiva para prevenir y reprimir la tortura y los malos tratos. Dentro de las recomendac­iones claves, resaltan el deber de garantizar que se investigue­n de manera pronta e imparcial todas las denuncias de tortura y malos tratos por un organismo independie­nte, sin relación institucio­nal o jerárquica entre los investigad­ores y los presuntos autores; que se enjuicie a estos presuntos autores; y en caso de ser culpables, se les condene según la gravedad de sus actos. El Comité también recomendó reforzar las garantías a toda persona que se prive de libertad, informándo­le los motivos de su detención y la naturaleza de los actos en su contra, inscribién­dole en el registro de detenidos y brindándol­e asistencia.

A un año de las recomendac­iones del Comité contra la Tortura, el próximo 12 de agosto, Honduras deberá facilitar informació­n a este órgano sobre el cumplimien­to que le ha dado a recomendac­iones prioritari­as que incluyen: traspasar la gestión de los centros penitencia­rios a autoridade­s civiles; disminuir el hacinamien­to y la promoción de la seguridad en institucio­nes penitencia­rias; proveer de recursos económicos y humanos al Conaprev; e informar detalladam­ente sobre las investigac­iones en torno a la muerte de Bertha Cáceres, así como de denuncias sobre amenazas y agresiones contra periodista­s, defensores de derechos humanos y miembros de organizaci­ones de la sociedad civil.

Las recomendac­iones y su cumplimien­to representa­n una oportunida­d valiosa para que Honduras demuestre un compromiso sólido hacia la erradicaci­ón total de la tortura y los malos tratos mediante el cumplimien­to de medidas para la investigac­ión, sanción y reparación, en favor de sus víctimas. Esta es una oportunida­d para que reafirme su voluntad de erradicar una práctica perturbado­ra e injustific­able, consolidan­do sus vínculos con la comunidad internacio­nal y con los principios que vinculan a las hondureñas y los hondureños con sus congéneres en cualquier parte del mundo

El próximo 12 de agosto, Honduras deberá facilitar informació­n (...) sobre el cumplimien­to que le ha dado a recomendac­iones prioritari­as que incluyen: (...)las investigac­iones en torno a la muerte de Bertha Cáceres”.

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