Diario El Heraldo

Que todos vivamos libres de amenazas

- Migdonia Ayestas Coordinado­ra de los Observator­ios de la Violencia de la UNAH TEGUCIGALP­A www.elheraldo.hn

Cada día se pierden vidas valiosas a consecuenc­ia de la violencia y la criminalid­ad, con un alto nivel de saña, y los niños, jóvenes y mujeres de zonas marginadas de las ciudades son los más afectadas, donde conviven o hacen parte de grupos juveniles como las maras y pandillas que siembran el miedo y el dolor en las familias y que en muchos barrios han llegado al colmo de que den plazos para que abandonen sus casas que con esfuerzo y ahorro las han comprado. No es posible que continuemo­s a merced de los criminales que se están convirtien­do en la autoridad que decide sobre las horas de entrada y salida de los barrios, y lo más grave aun, de las vidas de las personas.

En las actuales circunstan­cias las autoridade­s de Seguridad deben recuperar los territorio­s y establecer acciones de control y disuasión del delito, además de restituir las relaciones con las organizaci­ones e institucio­nes comunitari­as y juntas desarrolla­r estrategia­s encaminada­s conocer la realidad y a desarrolla­r acciones destinadas a mejorar la convivenci­a.

La ciudadanía debe estar consciente de que si no fortalece las organizaci­ones y los lazos comunitari­os es presa fácil de cualquier grupo criminal que se instale en las muchas casas que están abandonas, a la venta o en arrendamie­nto, porque ni siquiera les solicitan una constancia de trabajo que demuestre al menos si tienen la capacidad para pagar una renta.

Deseamos que las personas puedan vivir libre de amenazas, gozar plenamente y ejercer integralme­nte

"Deseamos que las personas puedan vivir libres de amenazas y ejercer integralme­nte sus derechos".

sus derechos y libertades individual­es, esto requiere un esfuerzo del gobierno y la demanda de la ciudadanía para que se comprometa­n a concentrar esfuerzos e inversión para mejorar la seguridad ciudadana y aunar esfuerzos con las corporacio­nes municipale­s para que destinen recursos en programas de prevención de la violencia para la atención de las víctimas y los victimario­s. Sí es posible, estos son algunos que se han desarrolla­do en varios municipios: las unidades de mediación de conflictos, facilitado­res judiciales, casas refugio y prevención de la violencia en los centros educativos, entre otros

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