CSJ está lista para instalar juzgados anticorrupción
La inauguración se realizará el próximo 31 de agosto. Juzgados funcionarán en Tegucigalpa y SPS
El Poder Judicial se alista esta semana a instalar los nuevos juzgados en materia de Corrupción, cuya labor será hacerle frente a la impunidad en el país.
Y es que son mínimos los detalles que faltan para que finalmente sean puestos en marcha, tras varios meses de retraso. Uno de estos es el resultado de la prueba patrimonial a la que fue sometido el personal auxiliar que formará parte de estos nuevos juzgados.
Una fuente ligada al Poder Judicial confió a EL HERALDO que la inauguración de los juzgados será el jueves 31 de agosto en la sede de los nuevos órganos jurisdiccionales en la colonia Alameda de Tegucigalpa. Ese día se juramentará oficialmente a los 13 aspirantes a jueces y magistrados en esa materia, quienes fueron capacitados y certificados para ostentar el cargo.
Los seleccionados aprobaron la evaluación curricular de conocimientos y pruebas de confianza a las que fueron sometidos en el proceso que inició en agosto de 2016.
La semana anterior, los aspirantes recibieron una segunda capacitación de parte de juristas internacionales para reforzar sus conocimientos.
Inicialmente, los juzgados anticorrupción funcionarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula y luego serán extendidos a otras ciudades del país. Tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula habrá un juez de Letras, un Tribunal de Sentencia y una Corte de Apelaciones, que tendrán jurisdicción nacional para conocer cualquier caso en el territorio nacional. Es decir que el juzgado de San Pedro Sula conocerá casos en materia de corrupción en Atlántida, Colón, Copán, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Olanchito, en el departamento de Yoro. Y en el juzgado de Tegucigalpa se tramitarán las diligencias de Francisco Morazán, Intibucá, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, La Paz y Olancho. Estos nuevos órganos jurisdiccionales juzgarán delitos como abuso de autoridad, cohecho, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y tráfico de influencias, entre otros